La Corte Federal de Apelaciones del 8.º Circuito otorgó este miércoles un respiro legal al Departamento de Justicia al suspender temporalmente las restricciones impuestas a los agentes federales desplegados en Minnesota. La decisión congela la orden emitida el pasado viernes por la jueza de distrito Katherine Menéndez, quien, en un documento de 83 páginas, había prohibido a los agentes de inmigración arrestar a manifestantes pacíficos o utilizar municiones no letales, como gas pimienta, contra ellos. El fallo de Menéndez también impedía a las autoridades federales detener vehículos sin una “sospecha razonable articulada” de que estuvieran obstruyendo las operaciones de ley.
La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la resolución del tribunal de apelaciones a través de sus redes sociales, calificando la decisión previa como un intento de “esposar” a los agentes que protegen la seguridad nacional. “Este Departamento de Justicia protegerá a los agentes federales tanto de los criminales en las calles como de los jueces activistas en los tribunales”, afirmó Bondi. Para la administración Trump, la orden de la jueza Menéndez representaba un obstáculo inconstitucional para la ejecución de la agenda de aplicación de leyes migratorias en un estado donde la tensión ha escalado tras el despliegue de más de 3,000 agentes federales.
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El litigio original fue impulsado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó una demanda en representación de seis manifestantes. Los demandantes alegan que sus derechos constitucionales han sido sistemáticamente violados por tácticas de fuerza excesiva e interceptaciones arbitrarias en las vías públicas. Según la ACLU, el uso de agentes federales para realizar controles de tráfico y dispersar protestas civiles fuera de su jurisdicción habitual crea un clima de miedo y censura, especialmente en las zonas urbanas de Minneapolis y Richfield, donde la presencia federal es ahora masiva.
La escalada de la presencia federal en Minnesota se produce en un contexto de investigaciones por presunto fraude masivo vinculado a programas de ayuda pandémica, lo que ha generado una fricción constante entre el gobierno central y la comunidad somalí-estadounidense. Con este nuevo fallo judicial, los agentes recuperan la capacidad de emplear tácticas de control de multitudes y detenciones preventivas, lo que, según los activistas locales, podría derivar en enfrentamientos más violentos este fin de semana. Mientras tanto, el 8.º Circuito continuará evaluando el fondo del caso para determinar si las restricciones de la jueza Menéndez se restablecen de forma permanente o se anulan definitivamente.
