En un giro radical de la política energética que definió al chavismo durante dos décadas, la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el mando de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aprobó este jueves una reforma a la Ley de Hidrocarburos. Esta nueva legislación pone fin al monopolio estatal de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), permitiendo que empresas privadas asuman la gestión completa de las actividades de exploración y producción por su propia cuenta y riesgo. El cambio legal busca atraer los 100,000 millones de dólares en inversiones que el presidente Donald Trump ha instado a las compañías estadounidenses a inyectar en el país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este mes.
La ley incluye protecciones críticas para los inversores internacionales, como la posibilidad de recurrir a arbitraje independiente para resolver disputas, eliminando el requisito previo de que todos los conflictos se dirimieran exclusivamente en tribunales venezolanos. Además, se abre la puerta a la “comercialización directa”, permitiendo que las petroleras vendan el crudo y gestionen sus ingresos en cuentas bancarias en el extranjero. Aunque el Estado mantiene la propiedad de los yacimientos, las empresas podrán negociar planes de negocio directamente con el Ministerio de Petróleo sin la pesada burocracia de las empresas mixtas mayoritarias de PDVSA.
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Simultáneamente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una licencia general que permite a entidades estadounidenses realizar transacciones relacionadas con la exportación, transporte y refinación de crudo venezolano. Sin embargo, gigantes como ExxonMobil han expresado un marcado escepticismo; su CEO, Darren Woods, calificó a Venezuela como “no invertible” en su estado actual, citando las expropiaciones sufridas en 2007 y la falta de estabilidad democrática. Por el contrario, Chevron, que ha mantenido operaciones mínimas bajo licencias especiales, se muestra más optimista sobre la expansión de sus proyectos en este nuevo escenario geopolítico.
El desafío económico sigue siendo formidable. Estimaciones de firmas como Wood Mackenzie sugieren que producir y refinar un barril de crudo pesado venezolano cuesta alrededor de 80 dólares, mientras que el crudo estadounidense y el Brent cotizan actualmente entre 65 y 70 dólares. A esto se suma el riesgo político: analistas advierten que las garantías actuales dependen de un gobierno interino que aún lucha por mantener la unidad nacional mientras cumple con las exigencias de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la reforma como un “punto de partida productivo”, aunque reconoció que reconstruir la infraestructura devastada requerirá años de compromiso financiero.
