El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, ha encendido las alarmas tras el descubrimiento de un segundo laboratorio biológico clandestino, esta vez cerca de Las Vegas, Nevada. Este hallazgo, ocurrido a principios de febrero de 2026, se vincula directamente con un caso previo en Reedley, California, donde en 2022 se localizó una instalación ilegal que albergaba miles de viales con patógenos mortales, incluyendo VIH, tuberculosis, malaria, hepatitis y Ébola, además de ratones modificados genéticamente para investigación.
La investigación federal apunta a Jiabei Zhu (también conocido como David He) como el responsable detrás de estas operaciones. Zhu ya se encuentra bajo custodia federal tras ser acusado de distribuir kits de prueba de COVID-19 falsificados y mal etiquetados, con los que habría generado más de 1.7 millones de dólares. Lo que más preocupa a los legisladores es que estas actividades se realizaban en propiedades residenciales, como alquileres de Airbnb, situadas peligrosamente cerca de escuelas secundarias y suministros de agua potable.
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Expertos en bioseguridad definen estos “biolaboratorios secretos” como instalaciones que manejan material biológico de alto riesgo sin licencias ni protocolos de seguridad oficiales. Crawford ha cuestionado duramente la fragmentación de los sistemas de supervisión actuales, que permitieron que una operación de esta magnitud pasara desapercibida durante años, moviéndose de un estado a otro bajo el radar de las agencias de salud.
Aunque el Departamento de Justicia y el CDC enfatizan que, por el momento, no existe una amenaza confirmada para la salud pública, el caso ha reabierto el debate sobre la seguridad nacional. El Congreso busca ahora endurecer las leyes de supervisión para laboratorios de alta contención y cerrar las brechas legales que permiten a entidades no registradas adquirir y manipular agentes biológicos peligrosos en suelo estadounidense.
