Este martes 10 de febrero de 2026, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia clave centrada en la infiltración de intereses extranjeros en el sector de las organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. El presidente del comité, Jason Smith, lidera una investigación sobre el magnate tecnológico Neville Roy Singham, quien reside en China. Smith alega que Singham utiliza una red de ONGs estadounidenses con estatus de exención de impuestos para difundir propaganda a favor del Partido Comunista Chino (PCCh) y narrativas anti-estadounidenses.
Entre las organizaciones señaladas se encuentran BreakThrough News, The People’s Forum, Tricontinental y la Asamblea Internacional de los Pueblos. Según las cartas de investigación obtenidas por los legisladores, estas entidades funcionan como “conductos” para los intereses de Beijing. Smith destacó que el grupo Tricontinental, un instituto de investigación de tendencia marxista, recibió aproximadamente $700,000 dólares en 2019 de una fundación vinculada a Singham, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad de su estatus 501(c)(3).
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El comité también puso bajo la lupa a figuras como Vijay Prashad, director ejecutivo de Tricontinental, debido a su cargo simultáneo en un “think tank” de la Universidad Renmin de China, vinculado al gobierno de Beijing. La investigación sugiere que estas organizaciones no solo comparten personal, sino que coordinan la publicación de contenido que promueve retórica pro-Hamas y pro-China, asistiendo incluso a conferencias financiadas directamente por instituciones públicas del gigante asiático.
El objetivo final de esta serie de audiencias es determinar si estas organizaciones deben perder su estatus de exención de impuestos. Jason Smith enfatizó que el sistema tributario estadounidense no debe ser explotado por gobiernos extranjeros para financiar operaciones de influencia interna. El comité ha exigido la entrega inmediata de documentos y registros financieros para esclarecer la profundidad de los vínculos entre estas ONGs y las redes alineadas con el PCCh, en lo que consideran un asunto crítico de seguridad nacional.