La situación sanitaria en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocido como Zona 7, ha alcanzado un punto crítico este lunes 16 de febrero de 2026. Tras superar las 30 horas de ayuno voluntario, el grupo de diez mujeres que exige la liberación de sus allegados presenta signos graves de debilidad. Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) informaron que Carolina Carriso, una de las manifestantes, ha sufrido náuseas, temblores y dos desvanecimientos, mientras que otras participantes, incluida una paciente oncológica en remisión, enfrentan cefaleas intensas y alteraciones peligrosas en la presión arterial.
A pesar de la fragilidad física de las mujeres, que permanecen recostadas en colchonetas bajo el asedio de escudos antimotines, la tensión con las fuerzas de seguridad ha aumentado. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que funcionarios policiales intentaron impedir el ingreso de sueros y suministros médicos esenciales para las manifestantes y para los propios reclusos que mantienen una protesta similar dentro del recinto. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, responsabilizó directamente a la gestión de Delcy Rodríguez por la integridad de estas familias, afirmando que “no descansarán hasta liberar al último preso político”.
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Dentro de los calabozos de Zona 7, la situación es igualmente alarmante. Testimonios extraoficiales indican que los detenidos que se sumaron a la huelga el pasado viernes están siendo coaccionados para ingerir alimentos bajo amenaza de ser trasladados a celdas de castigo. Aunque el sábado se ejecutaron 17 excarcelaciones —incluyendo a jóvenes con autismo y líderes sindicales—, las familias califican la medida como “insuficiente” y exigen que la promesa de libertad general realizada por Jorge Rodríguez se cumpla de inmediato, sin esperar a los retrasos legislativos de la Ley de Amnistía.
Este conflicto ocurre mientras Venezuela atraviesa un complejo proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Mientras el gobierno encargado propone reconvertir centros de detención como El Helicoide en espacios culturales, la realidad en las calles muestra una brecha profunda: familias agotadas que cumplen 38 días de vigilia y huelguistas que ponen en riesgo su vida ante un Parlamento que ha postergado nuevamente el debate final de la amnistía para la próxima semana. La consigna en las colchonetas de Zona 7 sigue siendo firme: “Libertad para todos”.
