El Fondo Monetario Internacional (FMI) rompió un largo silencio sobre la situación en Venezuela este 20 de febrero de 2026, describiendo el panorama económico y humanitario del país como “bastante frágil”. Julie Kozack, portavoz del organismo, subrayó que la nación enfrenta una crisis prolongada caracterizada por una pobreza y desigualdad elevadas, junto con una degradación crítica de los servicios básicos. A pesar de que las relaciones formales están suspendidas desde 2019, el FMI ha intensificado su monitoreo ante la posibilidad de un cambio en el reconocimiento diplomático del gobierno en Caracas tras la captura del exdictador Nicolás Maduro.
Un punto central de las deliberaciones actuales es el acceso de Venezuela a sus Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional que equivale a aproximadamente 5,000 millones de dólares. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha mantenido conversaciones con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para evaluar cómo estos fondos podrían ser inyectados en la economía venezolana para frenar la inflación de tres dígitos y la rápida depreciación de la moneda. Sin embargo, para que Venezuela pueda canjear estos activos por divisas fuertes, el directorio del Fondo requiere un consenso de la comunidad internacional sobre la legitimidad del gobierno actual.
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La magnitud del desafío financiero es abrumadora. El FMI estima que la deuda pública venezolana alcanza el 180% del PIB, una cifra que no contempla las numerosas sentencias judiciales y arbitrajes pendientes por incumplimientos de pago previos. Esta carga financiera, sumada al éxodo de casi 8 millones de personas (una cuarta parte de la población), coloca a Venezuela en una posición de dependencia absoluta de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes también han celebrado reuniones extraordinarias para diseñar un plan de rescate económico.
La reanudación de la revisión anual estándar del FMI —conocida como la consulta del Artículo IV— sería el primer paso técnico hacia la normalización, un proceso que no ocurre desde hace más de dos décadas. Mientras el Tesoro de EE. UU. impulsa la reintegración de Venezuela en los mercados financieros globales, el FMI continúa recopilando datos para establecer una “línea de contacto” efectiva que permita estabilizar los precios y reconstruir la infraestructura de servicios. El éxito de este paquete de revitalización dependerá de la capacidad de Caracas para presentar un plan de reformas estructurales que cuente con el respaldo de los 191 países miembros del organismo.
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