El panorama de la inmigración en Texas ha experimentado una transformación radical en el último año. Bajo la administración Trump y la dirección del gobernador Greg Abbott, el enfoque de aplicación de la ley se ha desplazado de la vigilancia exclusiva de la frontera entre EE. UU. y México hacia el interior del estado. A través de la denominada “Operación Lone Star 2.0” y el despliegue de “equipos de ataque” (strike teams) del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), las autoridades están realizando arrestos masivos en condados del centro de Texas, como Travis y Llano.
Aunque la narrativa oficial del gobierno federal promete centrarse en criminales peligrosos, los datos y testimonios cuentan una historia distinta. Según el centro de datos TRAC, a enero de 2026, el 74.2% de los inmigrantes en centros de detención no tienen condenas penales. Muchos son detenidos por infracciones menores, como placas obstruidas o luces traseras rotas, y posteriormente entregados a ICE mediante acuerdos 287(g). Estos convenios permiten que policías locales actúen como agentes de inmigración, una práctica que ya cubre a más de 230 agencias en todo Texas.
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Impacto en la comunidad y derechos legales Esta nueva fase de deportaciones masivas ha provocado que familias enteras se refugien en sus hogares por temor a interactuar con cualquier oficial de policía. Abogados de inmigración reportan que incluso residentes de larga duración, que han vivido y trabajado en el estado por décadas sin problemas legales, están siendo priorizados para la deportación. Además, leyes recientes como la SB8 obligan a los alguaciles de condados grandes a cooperar estrechamente con ICE, eliminando las políticas de “santuario” que existían en algunas jurisdicciones.
Las condiciones en los centros de detención también han sido objeto de denuncia, con reportes de falta de acceso a agua limpia y atención médica básica. Mientras el DPS defiende sus tácticas como una medida necesaria para la seguridad pública, organizaciones de derechos civiles advierten que el uso de fuerzas estatales para tareas federales está erosionando la confianza en las fuerzas del orden locales y desestabilizando la economía de comunidades que dependen de la mano de obra inmigrante.
