Este lunes 16 de febrero de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz han oficializado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos en 14 pagas. El incremento, pactado únicamente con los sindicatos CCOO y UGT, supone una subida del 3,1% respecto al año anterior. Durante el acto, Sánchez lanzó un duro reproche a la CEOE y Cepyme por su ausencia en la mesa de negociación, afirmando que “no es admisible” que las empresas registren beneficios millonarios mientras se resisten a mejorar los sueldos de los trabajadores más vulnerables en un contexto de bonanza.
La gran novedad de este acuerdo es el compromiso del Ejecutivo de prohibir, mediante decreto ley, que las empresas absorban esta subida eliminando otros pluses salariales. Esta medida busca evitar que el aumento quede “en papel mojado” y garantizar que llegue íntegramente al bolsillo de los empleados. La patronal ha calificado esta maniobra de “intervencionista” y critica que se utilice la vía del decreto para eludir el debate parlamentario, donde la mayoría de derechas podría bloquear ciertas reformas laborales.
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Desde que Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, el salario mínimo en España ha crecido un 66% (pasando de 736 a 1.221 euros). Según datos del Ejecutivo, este aumento ha permitido a los trabajadores ganar 40 puntos de poder adquisitivo real frente a una inflación acumulada del 23% en el mismo periodo. Yolanda Díaz aprovechó el evento para adelantar que la agenda de 2026 incluirá también la reducción de la jornada laboral, el nuevo registro horario y una mayor protección contra los despidos injustificados.
En el plano fiscal, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que el SMI seguirá exento de retenciones por IRPF, una decisión que alinea a María Jesús Montero con las tesis de Trabajo para evitar que el Estado absorba parte del aumento salarial. Mientras la patronal advierte que estas subidas pueden comprometer la viabilidad de pequeñas empresas, el Gobierno se mantiene firme en su política de “redistribución de la riqueza”, elevando la presión sobre los empresarios para que el crecimiento macroeconómico se traduzca en mejores condiciones para la clase trabajadora.
