La justicia federal ha intervenido en el conflicto que rodea las instalaciones de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Portland. Este martes 3 de febrero de 2026, el juez de distrito Michael H. Simon concedió una orden de restricción temporal (TRO) que limita severamente las tácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La decisión judicial responde a una demanda colectiva liderada por la ACLU de Oregón, en la que se acusa a agentes federales de utilizar fuerza “indiscriminada y excesiva” —incluyendo gases lacrimógenos y granadas de estallido— contra periodistas y manifestantes pacíficos, entre ellos veteranos de guerra y una mujer de 84 años que resultó herida en la cabeza por un impacto químico.
El juez Simon fue enfático en su fallo de 22 páginas, destacando que en una “república democrática constitucional”, la libertad de expresión y el periodismo valiente deben ser celebrados, no reprimidos con tácticas propias de “regímenes autoritarios”. La orden prohíbe específicamente a los agentes federales dirigir municiones hacia la cabeza, el cuello o el torso de cualquier persona, a menos que se justifique legalmente el uso de fuerza letal. Asimismo, el DHS ya no podrá utilizar químicos para el simple propósito de dispersar multitudes o castigar a quienes se nieguen a obedecer órdenes, limitando su uso únicamente a situaciones de “amenaza inminente de daño físico”.
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Por su parte, el DHS, a través de la secretaria asistente Tricia McLaughlin, defendió las acciones de sus agentes alegando que el fin de semana pasado más de 500 “amotinados” intentaron asaltar violentamente la instalación, arrojando piedras y bloqueando las entradas con barricadas. McLaughlin afirmó que las fuerzas federales han utilizado la fuerza mínima necesaria para proteger la propiedad federal y la seguridad de los oficiales, quienes han visto un aumento del 1300% en las agresiones en su contra. Sin embargo, el Departamento de Policía de Portland (PPB) no declaró los eventos como un motín, contradiciendo la narrativa federal de una insurrección violenta.
Esta restricción de 14 días es solo el primer paso en un proceso legal que culminará el 2 de marzo de 2026 con una audiencia para una orden judicial preliminar más duradera. Mientras tanto, la comunidad de Portland y líderes locales, como el alcalde Keith Wilson, han celebrado el fallo como una victoria necesaria para restaurar el “norte constitucional” del país frente a lo que consideran tácticas desproporcionadas por parte de la administración Trump.
