Este jueves 19 de febrero de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció un golpe estratégico a la estructura económica del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En una acción coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, se identificó y sancionó una red transnacional que utilizaba el sector de los “tiempos compartidos” para estafar a ciudadanos, principalmente adultos mayores estadounidenses, y lavar dinero de origen ilícito en los estados de Jalisco y Nayarit.
La ofensiva financiera incluyó la designación de 24 sujetos por parte del Tesoro de EE. UU. (5 personas físicas y 19 morales) y la incorporación de 7 sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la UIF en México. Estas entidades operaban bajo la fachada de servicios turísticos y consultorías inmobiliarias legítimas, captando recursos mediante engaños sobre la reventa o alquiler de propiedades vacacionales. Las investigaciones revelaron que los fondos obtenidos eran dispersados a través de complejas estructuras corporativas y prestanombres para ocultar su vínculo con la organización criminal.
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El análisis de la UIF detectó movimientos financieros alarmantes, incluyendo transferencias internacionales masivas, consumos extraordinarios en tarjetas de servicio y una intrincada red de participación accionaria en sociedades mercantiles del occidente del país. Estas acciones se alinean con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y buscan asfixiar la capacidad operativa del CJNG, limitando su acceso al sistema financiero global y cerrando los espacios para el uso de intermediarios corporativos en el sector turístico.
Además de los bloqueos de cuentas, la SHCP presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este esfuerzo bilateral subraya la prioridad de ambos gobiernos por debilitar las “empresas fachada” que amenazan la integridad del sistema económico. Las autoridades instan a la población y a las instituciones financieras a mantener una vigilancia extrema sobre ofertas de tiempos compartidos que no cuenten con registros claros ante la Secretaría de Turismo o que operen desde jurisdicciones con alta actividad delictiva.
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