Este jueves 12 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, formalizaron en la Casa Blanca la rescisión del histórico “hallazgo de peligro” de la era Obama. Esta determinación científica de 2009, que establecía que los gases de efecto invernadero (GEI) representan una amenaza para la salud pública, ha sido el pilar jurídico para casi todas las regulaciones climáticas en EE. UU., desde estándares de emisiones de autos hasta reglas para plantas de energía. Con su eliminación, la administración desmantela la autoridad federal para combatir el cambio climático bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). +1
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó la medida como el acto de desregulación más grande en la historia del país, estimando un ahorro acumulado de 1.3 billones de dólares para la economía estadounidense. El impacto más directo para el consumidor se verá en el mercado automotriz: la EPA proyecta que la eliminación de los estándares de emisiones y los “mandatos de vehículos eléctricos” reducirá el precio promedio de los autos nuevos, SUVs y camionetas en más de 2,400 dólares por unidad, al reducir los costos de cumplimiento y fabricación para las automotrices.
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Desde una perspectiva técnica, la rescisión se apoya en un informe del Departamento de Energía elaborado por el llamado “Grupo de Trabajo sobre el Clima”, un panel de científicos que cuestiona el consenso tradicional sobre el calentamiento global. El argumento central de la administración es que el hallazgo de 2009 fue una “extralimitación burocrática” que impuso impuestos ocultos a las familias. Al invalidar este pilar, no solo caen las normas de tubos de escape, sino que también se debilita la capacidad de futuras administraciones para imponer límites al carbono sin una nueva acción del Congreso o de la Corte Suprema.
La respuesta de los sectores ambientalistas y de varios estados liderados por demócratas, como California y Washington, ha sido inmediata, anunciando demandas masivas para bloquear la medida. Expertos legales advierten que esta revocación podría abrir una “caja de Pandora” judicial, permitiendo que resurjan demandas por “daño público” contra empresas eléctricas y petroleras que antes estaban protegidas por el marco regulatorio de la EPA. Mientras la Casa Blanca celebra la “independencia energética”, la batalla legal por el futuro del aire en EE. UU. promete llegar nuevamente hasta la Corte Suprema.
