En un fallo clave este lunes 9 de febrero de 2026, la jueza federal de distrito Christina Snyder bloqueó temporalmente una ley de California que prohibía a los agentes federales de inmigración usar máscaras o coberturas faciales durante sus operativos. La administración Trump presentó la demanda en noviembre pasado, argumentando que la normativa —firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre— ponía en riesgo la seguridad de los agentes frente a incidentes de “doxing”, acoso y amenazas de violencia. La jueza determinó que la ley era inconstitucional porque eximía a las fuerzas del orden estatales (como la Patrulla de Caminos de California), discriminando así específicamente al gobierno federal. +1
A pesar de este revés para el estado, la jueza Snyder mantuvo en pie una medida separada que exige a todos los agentes federales mostrar una identificación clara, que incluya su agencia y número de placa, mientras estén en servicio. Este punto fue celebrado por Newsom como una victoria para la rendición de cuentas, asegurando que California no permitirá una “policía secreta” en sus calles. Sin embargo, el fallo subraya que los agentes federales pueden realizar sus funciones sin ocultar su identidad, aunque deja la puerta abierta para que el estado redacte una nueva versión de la ley que se aplique uniformemente a todos los niveles policiales.
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La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, calificó el fallo como una “victoria fundamental” para la agenda de ley y orden del presidente Trump. Durante los argumentos judiciales, el Departamento de Justicia citó datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que muestran un aumento alarmante en las agresiones contra agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo casos donde oficiales fueron seguidos hasta sus hogares. La administración sostiene que el anonimato visual es una capa de seguridad necesaria para proteger a las familias de los agentes que ejecutan las políticas de deportación y seguridad fronteriza.
El senador estatal Scott Wiener, autor de la ley original, anunció que introducirá inmediatamente una nueva legislación que incluya a la policía estatal en la prohibición para subsanar la falla constitucional señalada por la jueza. Esta batalla legal ocurre en un contexto nacional donde otros estados, como Nueva York con su propuesta ley MELT, intentan limitar las tácticas de las agencias federales. La resolución final de este caso en California, cuya orden judicial entra en vigor el 19 de febrero, podría sentar un precedente sobre hasta qué punto un estado puede regular las operaciones de seguridad nacional dentro de su territorio.
