Un apagón a nivel nacional ha sumado nuevos y enormes desafíos para el gobierno de Cuba tras el colapso de su red eléctrica este lunes, dejando a millones de personas sin electricidad y profundizando una ya severa crisis económica. Las autoridades cubanas aún no han proporcionado un cronograma definitivo para la restauración total del sistema eléctrico, lo que mantiene a 11 millones de habitantes en la oscuridad, obliga a los hospitales a cancelar intervenciones quirúrgicas y fuerza la imposición de un estricto racionamiento de gasolina. Se trata del tercer fallo energético masivo desde el mes de diciembre, un escenario que agrava la agitación social y las crecientes tensiones políticas con el presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente declaró que podría tener el “honor de tomar Cuba”.
El mandatario estadounidense sugirió este martes que podría haber una acción inminente contra el gobierno socialista de la isla, describiendo al país caribeño como un lugar que “está en muy mal estado”. Por su parte, el gobierno cubano ha culpado de esta crisis energética a las recientes acciones de Washington, específicamente a un bloqueo energético iniciado en enero que ha detenido efectivamente todos los envíos de petróleo hacia la isla. Estados Unidos ha amenazado con aplicar duras sanciones a otros países si deciden suministrar crudo a Cuba. Dado que la isla solo produce el 40% de sus necesidades totales de consumo de petróleo, depende vitalmente de los envíos externos para generar energía y mantener a flote su frágil economía. Para mitigar la emergencia, el gobierno ha intentado recurrir al gas natural y la energía solar, pero estas medidas paliativas resultan insuficientes para cubrir la demanda.
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Los funcionarios estadounidenses, por el contrario, han responsabilizado de los apagones a la incapacidad del gobierno cubano para proporcionar bienes y servicios básicos a su población. El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó contundentemente que la economía cubana “no funciona” y que los actuales líderes “necesitan ser reemplazados”. En medio de esta intensa campaña de presión, La Habana y Washington han iniciado conversaciones diplomáticas con escasos detalles públicos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, indicó que el objetivo es buscar soluciones a las diferencias bilaterales, al tiempo que prometió una “resistencia inexpugnable” frente a los planes de apoderarse del país. Como contramedida, Cuba anunció pasos para abrir su economía y permitir a los cubanoamericanos invertir en empresas privadas locales.
La administración Trump presuntamente busca destituir a Díaz-Canel, advirtiendo que los líderes cubanos deberían evitar el destino del venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado y llevado a EE. UU. para enfrentar cargos judiciales. Sin embargo, los analistas internacionales señalan que la situación en Cuba es significativamente distinta, con un sistema institucionalizado mucho más arraigado. Expertos como William LeoGrande, de la American University, advierten que provocar el colapso total del gobierno o de la economía cubana conlleva graves riesgos también para Estados Unidos, ya que un repentino vacío de poder podría desencadenar rápidamente una crisis humanitaria, anarquía violenta y una migración masiva incontrolable hacia las costas estadounidenses.
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