A un mes de su promulgación, las organizaciones no gubernamentales Justicia, Encuentro y Perdón y Alerta Venezuela afirmaron que la aplicación de la Ley de Amnistía funciona únicamente como un espejismo de estabilización en el país sudamericano. En su más reciente informe sobre el balance de la arbitrariedad, estas agrupaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que la normativa busca generar una falsa sensación de borrón y cuenta nueva para intentar estabilizar una crisis profunda que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino que requiere necesariamente del desmantelamiento total de las estructuras de persecución del Estado.
Según las organizaciones involucradas, el avance que actualmente se le exige a la sociedad venezolana representa una clara forma de impunidad que solo garantiza que el ciclo de violencia y represión pueda repetirse en el futuro. A su vez, los activistas consideran que no es posible superar la crisis sin el reconocimiento pleno de las víctimas, el vaciado absoluto de todos los centros de detención y la implementación de procesos genuinos de justicia para los presos políticos. Las agrupaciones agregaron que gran parte de la crisis de hacinamiento carcelario podría resolverse simplemente mediante la aplicación rigurosa del Código Orgánico Procesal Penal, el cual ya contempla beneficios y medidas humanitarias que el sistema ignora de manera sistemática.
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Las organizaciones también cuestionaron duramente que la ley contemple un período de veintisiete años desde su inicio, pero que en la práctica solo beneficie a personas vinculadas con trece hechos específicos ocurridos en trece años distintos, concluyendo que esta selectividad confirma que la normativa busca gestionar personas bajo una lógica de discrecionalidad absoluta. Esta incertidumbre creció significativamente cuando las autoridades negaron los beneficios de la amnistía a figuras como Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición mayoritaria, a la periodista Nakary Ramos, a Henry Alviárez del partido Vente Venezuela, y a un grupo de dirigentes sindicales, revelando que la maniobra fue diseñada para estratificar la persecución.
Por su parte, el diputado oficialista Jorge Arreaza informó que la justicia venezolana ha otorgado libertad plena a más de ocho mil personas, precisando que la gran mayoría de los beneficiados ya contaban con medidas cautelares y solo doscientos sesenta se encontraban encarcelados. El parlamentario indicó que han recibido más de once mil solicitudes válidas, calificando los resultados como un gran aporte al reencuentro nacional. Sin embargo, las autoridades aún no han hecho público un listado oficial con las identidades de los beneficiados, a pesar de las reiteradas peticiones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y de las recientes protestas protagonizadas por familiares de presos políticos en la capital del país.
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