La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió formalmente a los cuestionamientos de diversos colectivos de búsqueda tras la reciente actualización del registro nacional de personas desaparecidas. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria rechazó tajantemente las acusaciones que sugieren que su administración intenta minimizar la magnitud de esta crisis humanitaria. Sheinbaum aseguró que el gobierno federal mantiene un acompañamiento constante a los familiares y que las acciones de búsqueda en campo continúan ejecutándose a través de las comisiones estatales y nacionales, subrayando que su gestión nunca ha negado la responsabilidad histórica del Estado en esta materia.
La jefa del ejecutivo defendió la metodología utilizada para depurar las listas oficiales, explicando que se realizan cruces exhaustivos de información con diversas bases de datos gubernamentales. Según detalló la mandataria, estos mecanismos permiten identificar a personas que, tras haber sido reportadas como desaparecidas, registraron actividad posterior en trámites oficiales como la obtención de identificaciones electorales o la aplicación de vacunas. Esta estrategia de inteligencia de datos tiene como objetivo principal abrir rutas de contacto efectivas con las familias para confirmar el paradero de los ciudadanos y ofrecer resultados basados en información pública y transparente para toda la sociedad.
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La mandataria informó que, desde el inicio de su administración, el trabajo coordinado de las dependencias ha permitido la localización de más de treinta y un mil personas mediante estas herramientas de verificación. Sheinbaum sostuvo que la secretaría de gobernación dedica una parte considerable de sus esfuerzos a este tema prioritario, con la doble obligación de localizar a los ausentes y erradicar los delitos vinculados al crimen organizado. No obstante, la presidenta reconoció que persisten limitaciones técnicas en ciertos expedientes debido a la falta de datos suficientes en los registros originales, lo que representa un reto continuo para las labores de investigación y rastreo.
Por su parte, los colectivos de familiares han manifestado su desconfianza hacia las cifras presentadas, señalando que la metodología oficial podría no reflejar la realidad total que enfrentan las comunidades afectadas. Las organizaciones civiles demandan una mayor participación social y diálogos directos en el proceso de depuración de los listados, argumentando que la crisis no debe abordarse únicamente desde oficinas gubernamentales. Ante esto, el gobierno federal reiteró su compromiso de mantener canales abiertos y seguir perfeccionando los sistemas de búsqueda para garantizar el derecho a la verdad y la justicia de quienes han padecido la pérdida de un ser querido.
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