La situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro ha configurado un escenario inédito definido como un “estado tutelado”. Bajo esta estructura, el país atraviesa fases de estabilización y recuperación donde la administración de Delcy Rodríguez gestiona el desmantelamiento de la maquinaria del antiguo régimen. Sin embargo, existe una marcada tensión operativa: mientras la administración interina cede espacios en áreas económicas para ganar tiempo y legitimidad internacional, persiste una notable dilación en temas políticos críticos, como la liberación de presos políticos y el retorno de los exiliados, lo que evidencia una estrategia de supervivencia por parte de quienes detentaron el poder criminal desde 1999.
Un factor de riesgo central en esta transición es la ausencia de una movilización política activa por parte de la oposición que resultó ganadora en los comicios del 28 de julio de 2024. Aunque María Corina Machado y Edmundo González Urrutia poseen la legitimidad democrática, enfrentan la amenaza de ser excluidos o minimizados por la propia estructura del régimen, que busca pactar su impunidad y permanencia dentro del sistema bajo una nueva fachada. Este esquema recuerda a procesos de “cambio de amo pero no de mañas”, donde el grupo criminal busca conservar el poder real aunque se vea obligado a ceder el gobierno formal.
También te puede interesar: Incidente de fuego amigo: Kuwait derriba tres cazas F-15E estadounidenses durante combate contra Irán
El interés de Estados Unidos en este proceso está anclado en su propia seguridad nacional, dado que Venezuela funcionó durante años como un eje central de la guerra híbrida, facilitando actividades ilícitas y desestabilización en el hemisferio. No obstante, el autor enfatiza que, aunque el respaldo estadounidense es determinante para desarticular la estructura delictiva, la transición no debe limitarse a una simple reingeniería de la élite gobernante. El objetivo nacional es la restauración plena de los elementos democráticos, lo que requiere expulsar la influencia de dictaduras extrahemisféricas y desmantelar por completo las redes de crimen organizado que secuestraron al Estado.
Ante este panorama, la transición exige que la dirigencia opositora legítima inicie una campaña electoral formal de inmediato para activar la movilización popular. El proceso de liberación nacional no puede quedar únicamente en manos de la tutela internacional o de las negociaciones de las élites, ya que esto podría conducir a una consolidación de la impunidad para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Es imperativo que el liderazgo opositor asuma su rol representativo para garantizar que el desenlace de esta etapa sea la celebración de elecciones verdaderamente libres y la consolidación de la democracia, evitando el reacomodo de quienes han traicionado históricamente la voluntad del pueblo venezolano.
Visita: http://austinlatinx.com
