Los ciudadanos de Texas tienen hasta las once con cincuenta y nueve de la noche de este martes para solicitar los vales escolares, luego de que un juez federal negara una segunda extensión del plazo solicitada por familias y escuelas islámicas. La controversia legal surgió cuando cuatro padres musulmanes y proveedores de tres centros educativos demandaron a los líderes estatales por excluir a sus instituciones basándose en acusaciones de terrorismo no fundamentadas. Aunque el juez de distrito Alfred Bennett otorgó inicialmente una prórroga de dos semanas a mediados de marzo, rechazó una nueva solicitud de aplazamiento argumentando que el estado ya ha comenzado a admitir a las escuelas demandantes en el sistema oficial del programa.
El programa de vales escolares, autorizado por la ley del senado número dos en dos mil veinticinco, permite que las familias utilicen fondos públicos para pagar la educación en escuelas privadas o en el hogar. El monto del beneficio asciende a cerca de diez mil quinientos dólares por niño, y hasta la fecha más de doscientos cincuenta mil estudiantes han presentado su solicitud. Para participar, las instituciones educativas deben estar debidamente acreditadas y haber operado por al menos dos años. A pesar de que más de dos mil doscientas escuelas privadas ya han sido aceptadas, la inclusión de los centros islámicos ocurrió apenas días antes del cierre de la convocatoria, lo que según los abogados de las familias desalentó la participación de su comunidad.
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La oficina del contralor interino, Kelly Hancock, afirmó este martes que ya ha aprobado a todas las escuelas islámicas elegibles que cumplieron con los requisitos básicos de acreditación. Sin embargo, Hancock mantuvo una postura firme al declarar que su oficina investigará cualquier reporte creíble de actividad ilegal para asegurar que los fondos de los contribuyentes no lleguen a organizaciones vinculadas con adversarios extranjeros. Esta situación ha provocado incluso fricciones dentro del propio gobierno estatal, ya que el fiscal general Ken Paxton intentó retirar a sus abogados del caso tras criticar las tácticas del contralor, calificando sus acusaciones públicas de terrorismo como una farsa política que dificulta una defensa legal efectiva en los tribunales.
El conflicto judicial no ha terminado con el cierre de las aplicaciones, ya que se ha programado una audiencia crucial para el veinticuatro de abril donde se discutirán los reclamos de discriminación religiosa. Los demandantes buscan que el tribunal bloquee cualquier práctica que segregue a las instituciones por su identidad comunitaria o sus asociaciones civiles. Mientras tanto, el proceso de selección de beneficiarios mediante sorteo continuará su curso, con el objetivo de comenzar el financiamiento de las cuentas educativas el primero de julio. Los resultados de este litigio podrían sentar un precedente importante sobre la equidad y la libertad religiosa en la administración de fondos públicos destinados a la educación privada en el estado.
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