El destino de Citgo, el activo más importante de Venezuela en el exterior, atraviesa su momento de mayor incertidumbre en este 2026. Una reciente decisión del Tribunal de Distrito de Nueva York aprobó suspender por 45 días el caso Stansell, tras una solicitud conjunta entre la junta ad hoc de PDVSA y los representantes de Delcy Rodríguez. Esta tregua judicial ocurre en un contexto de alta complejidad política, luego de que la administración de Donald Trump reconociera a Rodríguez como presidenta de Venezuela, rompiendo con el esquema de representación que mantenía la Asamblea Nacional (AN) de 2015.
A pesar de esta pausa procesal, la coordinación institucional es inexistente. Fuentes cercanas al proceso aseguran que el equipo de Rodríguez no ha establecido contacto con el Consejo de Administración de Protección de Activos (CAPA) ni con la junta ad hoc para solicitar información sobre las estrategias legales o la identidad de los abogados. Esta falta de comunicación deja en el aire litigios multimillonarios, como el juicio sobre la nulidad de los Bonos PDVSA 2020, donde la defensa se basaba precisamente en la ilegitimidad de Nicolás Maduro, un argumento que hoy se debilita ante el nuevo reconocimiento diplomático de Washington.
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Financieramente, Citgo se encuentra en una posición envidiable pero vulnerable. La empresa está valorada entre 14,000 y 18,000 millones de dólares, opera al 100% de su capacidad y cuenta con más de 2,500 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, la AN de 2015 ya no cuenta con el reconocimiento ni con las licencias de la OFAC para costear la defensa legal, mientras que Rodríguez aún no ha asumido formalmente la conducción de los casos ni los elevados gastos asociados, lo que podría derivar en una pérdida catastrófica de activos por falta de defensa efectiva.
El panorama jurídico se complica con las demandas de víctimas de las FARC y el ELN, quienes buscan embargar activos estatales. La estrategia histórica de defensa —sostener que las instituciones venezolanas no son instrumentos del régimen de Maduro— pierde sustento si el nuevo gobierno reconocido en EE. UU. representa la continuidad de esa misma estructura. En este dos mil veintiséis, la “Operación Resolución Absoluta” y los giros en la política exterior de la Casa Blanca han dejado a Citgo atrapada en una paradoja: para salvarla, el nuevo liderazgo debería admitir la inconstitucionalidad de sus propios predecesores, un escenario que analistas consideran poco probable.
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