El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, Juan Pablo Albán, respondió de manera directa a los señalamientos del Gobierno de México, que calificó de “sesgado” su más reciente informe. Albán aclaró que el documento no se limita a administraciones pasadas, sino que es un análisis integral de la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad. Según el Comité, la cifra de personas desaparecidas en territorio mexicano superó las 132,000 en febrero de 2026, una estadística que continúa en ascenso y que refleja una crisis de magnitud nacional.
La tensión entre el organismo internacional y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum escaló luego de que el CED invocara el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia. Este mecanismo, de carácter inédito para el país, permite llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU al existir indicios fundados de que las desapariciones forzadas tienen un carácter generalizado o sistemático. Albán enfatizó que el informe no fue enviado a oficinas técnicas, sino al máximo órgano deliberativo del sistema de Naciones Unidas para que el tema sea incluido en la agenda internacional.
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Ante las descalificaciones de las autoridades mexicanas y de la CNDH, el representante de la ONU sostuvo que, si bien el desacuerdo es legítimo, la descalificación institucional es cuestionable. Recordó que los miembros del Comité son elegidos por los propios Estados parte y actúan con independencia para supervisar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. El informe también pone especial énfasis en la grave crisis forense que atraviesa el país, con decenas de miles de restos humanos sin identificar y persistentes patrones de impunidad en las investigaciones.
Por su parte, el Gobierno Federal mantiene su postura de que no existe una política de Estado para cometer estos delitos y defiende las reformas institucionales implementadas recientemente. Sin embargo, el Comité de la ONU reiteró que su objetivo es fortalecer la cooperación para intensificar la búsqueda de las víctimas y garantizar justicia para sus familiares. El organismo concluyó que combatir la impunidad y prevenir nuevos casos debe ser una prioridad compartida entre el Estado mexicano y los mecanismos internacionales de supervisión en este 2026.
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