Una ley de Texas aprobada en 2023, que faculta a la policía estatal para arrestar a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, podrá entrar en vigor tras un fallo clave de una corte federal de apelaciones. El viernes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los EE. UU. levantó la restricción que había mantenido la normativa en suspenso durante años, marcando un giro significativo en la batalla legal sobre la jurisdicción migratoria.
La decisión de la corte se basó en una cuestión de procedimiento más que en el fondo constitucional de la ley. Según la orden judicial, los demandantes —incluyendo el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, American Gateways y el Condado de El Paso— carecían de “legitimación activa” para demandar. El tribunal argumentó que los costos en los que incurrieron estas organizaciones para abogar por sus clientes no son suficientes para conferirles el derecho legal de entablar la demanda, basándose en precedentes recientes de la Corte Suprema.
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La legislación, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), fue creada por la Legislatura de Texas como respuesta a los cruces fronterizos récord, los cuales el estado calificó en su momento como una “invasión”. Históricamente, la aplicación de las leyes de inmigración ha sido competencia exclusiva del gobierno federal, por lo que esta ley representa un desafío directo a las facultades de Washington y ha sido duramente criticada por grupos de derechos civiles que temen un aumento en la discriminación racial.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo a través de sus redes sociales, calificándolo como una victoria histórica para la seguridad pública y el orden. “El derecho de Texas a arrestar a quienes ingresan ilegalmente y proteger a nuestros ciudadanos es fundamental”, afirmó Paxton. A pesar de este avance para el estado, se espera que el caso continúe su curso legal mientras otras entidades evalúan nuevas formas de impugnar la constitucionalidad de la medida.
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