La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este martes en el Palacio de Miraflores con representantes de diversas confesiones religiosas para pedirles que actúen como observadores en la ejecución de la Ley de Amnistía. Durante el encuentro, la mandataria aseguró que “no hay nada que ocultar” y propuso una mesa de trabajo para canalizar la ayuda humanitaria, en un intento por legitimar el proceso de transición iniciado tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero de este año.
A pesar del discurso oficial, existe una profunda discrepancia entre los datos gubernamentales y los registros de las organizaciones civiles. Mientras el régimen afirma que más de 8.400 personas han sido beneficiadas por la ley al 26 de marzo, la ONG Foro Penal reporta que aún permanecen tras las rejas 490 presos políticos, de los cuales 187 son militares. Esta brecha se debe a que el gobierno contabiliza a personas con medidas cautelares menores, mientras que los activistas exigen excarcelaciones efectivas y plenas.
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La Conferencia Episcopal Venezolana y otros líderes del Foro Interreligioso han condicionado su participación a la obtención de garantías legales concretas y mayor claridad en los listados de amnistiados. Las iglesias locales buscan asegurar que su rol no sea meramente decorativo, insistiendo en que la paz debe cimentarse sobre la verdad y la justicia. Además, recordaron que figuras de alto nivel, como el comisionado de la ONU Volker Türk, han exigido públicamente la publicación de las listas para verificar el cumplimiento de la norma.
El actual panorama político venezolano se encuentra bajo una intensa presión internacional para depurar un sistema judicial que aún conserva funcionarios del período anterior. La Ley de Amnistía abarca trece episodios de conflicto ocurridos entre 1999 y 2025, pero excluye delitos graves como homicidios intencionales y violaciones a los derechos humanos. En este contexto, la supervisión religiosa se perfila como un factor crítico para validar la “convivencia democrática” en un país que intenta superar décadas de fractura institucional.
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