El vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, informó en conferencia de prensa que la institución se encuentra en una encrucijada legal respecto a las solicitudes de extradición enviadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según Lara, aunque existen señalamientos contra altos funcionarios de Sinaloa —incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza— por supuesta colaboración con la facción de “Los Chapitos”, la FGR no puede proceder con capturas inmediatas debido a la protección constitucional conocida como fuero.
El proceso para procesar a estos funcionarios requiere obligatoriamente un juicio de procedencia o desafuero ante la Cámara de Diputados. Este mecanismo jurídico busca retirar la inmunidad procesal para que el servidor público pueda quedar a disposición de un juez. Sin embargo, la FGR señaló que la documentación remitida desde Washington carece, hasta el momento, de datos de prueba contundentes que infieran la comisión de delitos bajo la ley mexicana, lo que impide sustentar una petición formal ante el Poder Legislativo.
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De acuerdo con el procedimiento legal en México, una vez que la FGR reúne las pruebas, debe presentar la solicitud a la cámara baja, donde una Sección Instructora dictamina sobre la existencia del delito en un plazo de 60 días. Posteriormente, el pleno se constituye como Jurado de Procedencia para votar el retiro de la inmunidad. En el caso de funcionarios estatales como el gobernador Rocha Moya, la decisión final de la Cámara Federal debe comunicarse al Congreso del Estado de Sinaloa para su trámite correspondiente.
Finalmente, el vocero Ulises Lara enfatizó la importancia de mantener la confidencialidad de estos expedientes conforme a la Convención de Viena, advirtiendo que la divulgación prematura de datos pone en riesgo el Estado de derecho y los procedimientos penales en ambos países. La FGR reiteró que actuará con estricto apego a la soberanía nacional y solo iniciará el proceso de desafuero si el Gobierno de los Estados Unidos aporta las evidencias necesarias que respalden sus acusaciones de narcotráfico y protección criminal.
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