La oficina del Fiscal General de Texas ha iniciado una investigación formal contra la Ciudad de Austin tras los recientes cambios en los protocolos del Departamento de Policía de Austin (APD) respecto a la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La revisión, confirmada a través de un comunicado enviado al alcalde Kirk Watson y al concejo municipal, se centra en las nuevas guías sobre cómo los oficiales deben manejar las órdenes administrativas de ICE.
El conflicto surge a raíz de la incorporación de más de 700,000 órdenes administrativas de ICE a una base de datos nacional a principios de este año. El estado sostiene que la política revisada de Austin podría estar en conflicto directo con la Ley del Senado 4 (SB4), la cual prohíbe las “ciudades santuario” y exige que las autoridades locales colaboren plenamente en la aplicación de las leyes de inmigración.
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Por su parte, los líderes de la ciudad defienden la legalidad de la medida. Según Austin, la política establece un proceso claro para los oficiales que se encuentren con personas que tengan estas órdenes, permitiéndoles brindar “asistencia razonable o necesaria” sin comprometer los recursos policiales limitados ni violar restricciones legales constitucionales. “Creemos que nuestras órdenes generales son consistentes con la SB4 y cooperaremos con la investigación”, declararon autoridades municipales.
Esta investigación es el capítulo más reciente de la tensa relación entre el gobierno estatal y la capital de Texas sobre la autonomía local y la seguridad pública. Mientras el Fiscal General busca asegurar el cumplimiento estricto de las leyes de inmigración, la ciudad insiste en que su enfoque equilibra las prioridades de seguridad comunitaria con los requisitos legales vigentes en este dos mil veintiséis.
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