El proceso judicial en los Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, sumó un nuevo capítulo procesal luego de que la jueza federal Katherine Polk Failla ratificara que la audiencia inicial del caso se llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio en los tribunales de Nueva York. La determinación de la magistrada ocurre a pesar de una moción formal de aplazamiento ingresada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por el fiscal Jay Clayton, quien había solicitado transferir la diligencia para el 3 de junio o fechas posteriores con el fin de robustecer las mesas de diálogo previas al litigio.
Mérida Sánchez, quien ostenta el rango de general retirado del Ejército Mexicano, fue capturado por agencias de seguridad estadounidenses el pasado 11 de mayo en el estado de Arizona y posteriormente extraditado a la jurisdicción de Nueva York. Durante su primera comparecencia formal para la lectura de cargos celebrada el 15 de mayo ante la jueza magistrada Sarah Netburn, el exfuncionario mexicano se declaró formalmente no culpable de los delitos de conspiración para la importación masiva de narcóticos, posesión ilegal de armamento exclusivo del ejército y conspiración para el tráfico de armas de fuego; un catálogo penal que, de ser hallado culpable, le acarrearía una sentencia máxima de cadena perpetua.
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La Fiscalía detalló a través de una misiva que el tiempo procesal de la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act) se encuentra pausado temporalmente y volverá a correr a partir del primer día de junio. El ministerio público estadounidense busca que la corte apruebe una exclusión de plazos adicionales a fin de facilitar las discusiones de preparación e intercambio de evidencias con el cuerpo de defensores del imputado, una petición que cuenta con el consentimiento de la misma defensa técnica del general retirado.
El expediente penal de la justicia estadounidense señala a Gerardo Mérida como un eslabón operativo de alta prioridad dentro de la red institucional dedicada a brindar protección federal y logística al Cártel de Sinaloa. El caso se encuentra estrechamente ligado a la investigación criminal internacional conocida como la “trama Rocha Moya”, una crisis política y jurídica que obligó al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, a apartarse de manera temporal de su cargo público mientras las agencias de inteligencia de la Interpol y la fiscalía norteamericana deslindan responsabilidades de los altos mandos implicados.
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