La resolución de la ola de 12 tiroteos que sacudió a la capital de Texas ha reavivado un intenso debate político sobre las herramientas de vigilancia urbana. Diversos líderes locales y defensores de las fuerzas del orden aseguraron este lunes que la prolongada cacería humana de los tres sospechosos se habría acortado drásticamente si la policía local contara con tecnología de lectores de matrículas automáticas (LPR). Michael Bullock, presidente de la Austin Police Association, arremetió contra las limitaciones actuales de la corporación y puso como ejemplo el éxito de la vecina localidad de Manor, donde los oficiales localizaron el vehículo robado en solo 40 minutos gracias a que sus cámaras detectaron las placas del coche en fuga.
La polémica surge debido a que el Departamento de Policía de Austin (APD) no tiene permitido usar estos dispositivos de reconocimiento óptico desde el año pasado, cuando el ayuntamiento decidió no renovar su contrato con la compañía proveedora Flock Safety debido a preocupaciones de activistas civiles sobre la privacidad y el manejo de bases de datos. Esta postura fue duramente criticada este lunes por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien sentenció que la ciudad de Austin y el condado de Travis se encuentran “detrás de la jugada” en materia de prevención y resolución de crímenes graves en comparación con el resto del estado.
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Ante la creciente presión social provocada por el pánico del fin de semana, el alcalde Kirk Watson sugirió que es momento de avanzar hacia la implementación de estas herramientas de seguridad. El edil señaló que la reciente aprobación en abril de la denominada “Ley TRUST” (Transparent and Responsible Use of Surveillance Technology Act) proporciona un marco legal estricto que exige transparencia y políticas rígidas de privacidad antes de que el concejo apruebe cualquier tecnología de vigilancia. En respuesta, el alcalde tior, José “Chito” Vela —promotor de dicha ley—, advirtió que cualquier propuesta que presente el personal municipal deberá incluir salvaguardas robustas que protejan las libertades civiles sin descuidar la protección ciudadana.
Por su parte, la empresa Flock Safety defendió la efectividad de sus sistemas señalando que opera en más de 6.000 ciudades de la nación y que su tecnología ayuda a resolver el 20% de los delitos reportados en el país. Representantes de la compañía aclararon que los gobiernos locales mantienen el control absoluto de los datos recolectados y que estos no se comparten de forma comercial. Mientras un portavoz del gobierno municipal confirmó que cualquier evaluación futura de los sistemas de lectura de placas se basará rigurosamente en los lineamientos de la Ley TRUST, los sindicatos policiales urgieron a “sacar la política” de la seguridad pública para dotar a los oficiales de los recursos necesarios frente a futuras emergencias de alto impacto.
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