La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la creación de un millonario fondo de compensación de USD 1.700 millones denominado Anti-Weaponization Fund (Fondo Anti-Instrumentalización). Esta medida forma parte de un acuerdo legal definitivo para resolver la demanda por USD 10.000 millones que el mandatario había interpuesto contra el Internal Revenue Service (IRS) a raíz de la filtración ilegal de sus declaraciones de impuestos confidenciales. Según detalló el Departamento de Justicia (DOJ), el actual presidente no recibirá compensación económica directa, pero sí obtendrá una disculpa formal por parte del gobierno federal.
El propósito principal de este fondo será indemnizar económicamente a los aliados políticos de Trump que aseguren haber sido objeto de auditorías o persecuciones injustificadas por parte de las agencias federales durante la gestión del expresidente Joe Biden. El fiscal general interino, Todd Blanche —quien previamente formó parte del equipo de defensa personal de Trump—, justificó la medida señalando que la maquinaria del Estado jamás debe ser utilizada como un arma contra los ciudadanos, y afirmó que se establecerá un proceso legal transparente para que las víctimas de la denominada “guerra jurídica” (lawfare) puedan buscar reparación.
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El funcionamiento y la repartición de los recursos económicos estarán bajo la estricta tutela de una comisión especial integrada por cinco miembros, cuyos nombres aún no han sido revelados de manera oficial. De acuerdo con las cláusulas firmadas en el convenio de resolución, el presidente de los Estados Unidos mantendrá la facultad ejecutiva absoluta para remover a cualquiera de los comisionados. Esta estructura administrativa encendió alarmas inmediatas en la oposición política; el representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin, líder de su partido en el House Judiciary Committee, tachó el plan de “inconstitucional” y afirmó que se trata de una caja de agravios políticos destinada a financiar a los amigos del mandatario.
El litigio original fue promovido por Trump a inicios de este año ante una corte federal de Florida, argumentando daños financieros y reputacionales severos contra él, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la Trump Organization. La filtración de sus registros fiscales —que reveló en su momento que el empresario pagó únicamente USD 750 de impuestos federales sobre la renta durante su primer año en la Casa Blanca— derivó en 2024 en la condena a cinco años de prisión para Charles Edward Littlejohn, un excontratista del IRS que admitió haber extraído los documentos confidenciales. Con este pacto, el DOJ busca cerrar un prolongado capítulo de disputas legales, mientras la bancada demócrata insiste en que las reclamaciones individuales debieron resolverse en los tribunales y no mediante fondos gubernamentales extraordinarios.
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