El sistema judicial venezolano inició un proceso de desmantelamiento de la polémica jurisdicción especial de terrorismo, una estructura judicial que durante años fue utilizada de manera sistemática para perseguir, procesar y encarcelar a líderes, militantes y disidentes de la oposición política. La medida se hizo pública luego de que el abogado defensor Omar Mora Tosta informara que los expedientes penales de tres altos representantes de Vente Venezuela —la organización política liderada por María Corina Machado— fueron retirados de las instancias antiterroristas en Caracas y reasignados a tribunales penales ordinarios ubicados en el interior de la República.
Para la comunidad jurídica y las organizaciones no gubernamentales, esta reestructuración administrativa expone una realidad jurídica inocultable: la inconstitucionalidad de origen de estos tribunales especiales. Expertos en Derecho Penal como Joel García han señalado que dicha jurisdicción arrastra un “vicio insubsanable de nulidad absoluta”, debido a que estos juzgados no fueron creados mediante una ley formal aprobada por el Poder Legislativo, sino a través de una simple resolución administrativa dictada en su momento por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Bajo los estándares internacionales, estos órganos operaron como tribunales ad hoc, instancias expresamente proscritas por los tratados globales debido a que su única función real era emitir fallos condenatorios por razones estrictamente ideológicas.
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A raíz de este movimiento de archivos, la ONG Acceso a la Justicia y diversos defensores de los Derechos Humanos advirtieron que mudar las causas a la justicia común no es suficiente para restaurar el Estado de Derecho. Los activistas sostienen que, al haber nacido viciados de origen, todos los actos celebrados ante los tribunales antiterroristas —incluyendo las detenciones preventivas, las actas de acusación y las sentencias definitivas— carecen de validez legal. Por ello, exigen formalmente a las autoridades judiciales la declaratoria de nulidad integral de todos los procesos simulados y la liberación inmediata de los ciudadanos afectados, argumentando que continuar con dichos expedientes en la vía ordinaria prolongaría una flagrante violación al debido proceso.
Este repliegue judicial ocurre en un contexto de transición política bajo el mandato de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero. Aunque el actual gobierno promulgó una Ley de Amnistía que permitió la excarcelación de centenares de prisioneros, gremios de la sociedad civil calculan que todavía permanecen más de 400 presos políticos en los centros de reclusión del país. En el marco de las consultas públicas que realiza la Presidencia para reformar la justicia penal, las víctimas y los promotores de garantías fundamentales insisten en que el desmantelamiento de los tribunales de excepción debe acompañarse de un proceso genuino de justicia transicional que garantice la reparación del daño y el compromiso institucional de no repetición.
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