El estado de Texas enfrenta un panorama crítico para satisfacer las necesidades de su creciente población. Este año, el fondo estatal SWIFT (State Water Implementation Fund for Texas) dispuso de $1.28 mil millones para apoyar proyectos hídricos; sin embargo, recibió 23 solicitudes por un total de $4.2 mil millones. Este desajuste financiero obligó a la Texas Water Development Board a rechazar 13 propuestas, marcando la primera vez en los 11 años de historia del fondo que se niega el apoyo a proyectos calificados por falta de capacidad económica.
Uno de los proyectos rechazados más significativos es una planta de desalinización en el Coastal Bend, diseñada para generar 100 millones de galones de agua potable al día. La planta, propuesta por la Nueces River Authority para ubicarse en Harbor Island, buscaba $140 millones en préstamos de bajo interés para mitigar la crisis en ciudades como Corpus Christi. Actualmente, los embalses principales de dicha región han caído por debajo del 8% de su capacidad, y las autoridades locales advierten que el suministro podría ser insuficiente para satisfacer la demanda en menos de seis meses.
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El sistema de priorización del fondo SWIFT ha sido objeto de críticas tras estos rechazos. Bajo el esquema actual, los proyectos se califican según el tamaño de la población servida y la prontitud de ejecución, pero el criterio de “necesidad de emergencia” solo otorga un máximo de cinco puntos en una escala de 86. Esto provocó que la planta de desalinización quedara en el onceavo lugar, apenas un punto por debajo del corte, a pesar de la urgencia hídrica en el sur de Texas. Mientras tanto, los proyectos aprobados se enfocan principalmente en expansiones de infraestructura en Texarkana y el norte de Texas.
Desde su creación en 2013 con un capital inicial de $2 mil millones provenientes del “fondo para días lluviosos” del estado, SWIFT ha comprometido aproximadamente $17.2 mil millones en 76 proyectos. No obstante, el déficit actual de casi $3 mil millones subraya la presión extrema que la sequía prolongada y el envejecimiento de la infraestructura ejercen sobre las finanzas estatales. Los directivos de los proyectos rechazados ahora buscan alternativas en fondos federales o inversión privada para evitar una crisis de suministro que parece inminente para finales de este año.
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