El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó su molestia ante los cuestionamientos sobre el uso y costo de las aeronaves estatales en una reciente conferencia de prensa. Armenta negó categóricamente haber utilizado helicópteros oficiales para asistir a eventos partidistas, como el Consejo Nacional de Morena. Para aclarar la situación, el mandatario precisó que su traslado del pasado domingo tuvo como objetivo el municipio de Teotlalco, donde participó en una festividad religiosa por invitación del arzobispo, defendiendo que estos vuelos son, ante todo, una herramienta de trabajo esencial para su gestión.
El mandatario justificó el uso de las aeronaves por razones de agenda y eficiencia, señalando que recurre a ellas cuando los tiempos de traslado terrestre son inviables para cumplir con sus compromisos oficiales. Según su declaración, los helicópteros desempeñan funciones críticas en seguridad, vigilancia nocturna y atención de emergencias, como el combate de incendios forestales y traslados médicos urgentes. Armenta se distanció de administraciones pasadas, asegurando que, a diferencia de sus antecesores, él no utiliza los recursos públicos para fines recreativos o personales.
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A pesar de la defensa pública del gobernador, el tema de la transparencia sigue siendo un punto de fricción. La administración estatal decidió clasificar toda la información relativa a los vuelos oficiales —incluyendo rutas, listas de pasajeros y costos operativos— bajo una reserva de cinco años. Esto implica que los ciudadanos no podrán auditar estos gastos hasta el año 2031. El gobierno argumenta que revelar dichos datos comprometería la seguridad del mandatario y la integridad de las operaciones aéreas, una explicación que no ha frenado las críticas de la oposición y sectores de la sociedad civil.
Este episodio se suma a una lista de controversias que han marcado el inicio de la gestión de Armenta, incluyendo señalamientos por presunta censura a medios y conflictos con empresas del sector inmobiliario. El gobernador calificó las acusaciones como una “fábrica de mentiras” y comparó su situación con las críticas que recibe el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, el uso de recursos públicos y la opacidad en la rendición de cuentas continúan bajo el escrutinio de la opinión pública en el estado de Puebla.
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