La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura respecto a la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por presunto enriquecimiento ilícito. Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 25 de mayo de 2026, la mandataria federal enfatizó que, más allá de priorizar el encarcelamiento de exfuncionarios, la justicia mexicana debe concentrarse en lograr “que se devuelva al pueblo lo robado”.
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La mandataria fue cuestionada por los medios de comunicación sobre las versiones periodísticas que señalan que la anterior fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, presuntamente congeló y nunca remitió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el líder priista, un trámite indispensable para retirarle la inmunidad procesal desde que se inició la indagatoria en julio de 2022. Al respecto, Sheinbaum argumentó desconocer los motivos de la parálisis administrativa en el Congreso, pero defendió la aplicación de salidas legales alternativas.
“No conozco por qué no se envió a la Cámara de Diputados. Les puedo decir mi posición en estos casos: mejor que regrese lo robado. Aquel al que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida”, afirmó la jefa del Ejecutivo.
Para ejemplificar los beneficios de la reparación del daño patrimonial, la presidenta recordó los esquemas de extinción de dominio operados a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como las negociaciones judiciales realizadas por Ernestina Godoy durante el desmantelamiento del “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde se confiscaron departamentos y edificios de procedencia ilícita. Finalmente, Sheinbaum atajó los cuestionamientos sobre presunta impunidad o encubrimiento legislativo hacia Moreno Cárdenas, recordando la autonomía institucional al señalar que “eso lo tiene que contestar la fiscalía; no es un asunto de la presidenta”.
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