El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida orden ejecutiva que elimina las protecciones laborales de aproximadamente 8,000 empleados federales de alto rango, facilitando su destitución inmediata si se considera que interfieren o bloquean la ejecución de su agenda política. La medida, publicada conjuntamente por la Casa Blanca y la Oficina de Gestión de Personal (OPM), establece una nueva categoría contractual denominada “Política/Carrera Profesional”. Esta reclasificación afecta principalmente al 97% de los funcionarios en el nivel salarial GS-15 o superior, quienes perciben sueldos anuales de hasta casi 200,000 dólares en roles clave como directores, jefes de gabinete, asesores sénior y analistas de políticas públicas.
Bajo este nuevo esquema administrativo, las diferentes agencias del gobierno federal adquieren la facultad de remover a dichos trabajadores de forma expedita por bajo rendimiento, mala conducta, corrupción o por desacatar directivas presidenciales directas. Con esto se eliminan los prolongados procesos de apelación burocrática que anteriormente extendían los litigios por despidos durante más de un año. El director de la OPM, Scott Kupor, justificó la medida argumentando la necesidad de un mecanismo efectivo para apartar a aquellos funcionarios de carrera que permitan que sus opiniones e ideologías personales interfieran con la obligación legal de cumplir las órdenes de la administración ejecutiva.
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La argumentación de la Casa Blanca para implementar este cambio radical se fundamenta en encuestas internas que revelaron que una parte significativa de la alta burocracia en Washington optaría por ignorar los mandatos presidenciales si no coincidían con sus criterios de política pública. Como antecedentes, el gobierno recordó que durante el primer mandato de Trump diversos funcionarios de carrera se negaron a colaborar en programas clave debido a discrepancias personales. Aunque el expresidente ya había intentado implementar esta reforma en su administración anterior bajo la Orden Ejecutiva 13957 —la cual fue revocada por Joe Biden—, su regreso al poder significó la restitución y ampliación inmediata de este marco legal.
La medida provocó un rechazo frontal inmediato por parte de los sindicatos de trabajadores públicos y diversas organizaciones civiles de defensa de derechos. Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, tildó la orden como un intento flagrante de corromper el servicio civil y un retroceso hacia el “sistema de botín” del siglo XIX, donde los cargos estatales se asignaban por lealtad política en lugar de méritos técnicos. A pesar de las críticas que advierten sobre el daño a los servicios esenciales del país, la administración Trump mantiene firme la reestructuración, la cual se suma a una reducción general que ha llevado a la plantilla federal a su nivel más bajo desde 1966.
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