El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, elevó formalmente una solicitud ante el Departamento de Justicia (Department of Justice) para que se inicie una investigación criminal de carácter urgente contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general de ese mismo estado, Keith Ellison. La remisión del caso penal se concretó el lunes por la noche, horas después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (House Oversight Committee) publicara un informe detallado que documenta un fraude generalizado y sistemático con dinero de los contribuyentes dentro de los programas de asistencia social financiados con recursos federales en dicha entidad federativa. A través de una misiva dirigida al fiscal general adjunto, Colin McDonald, Vance instó a la recién fundada División Nacional de Ejecución contra el Fraude a intervenir de manera inmediata para deslindar responsabilidades penales.
De acuerdo con las conclusiones presentadas por el comité legislativo en Washington, tanto el gobernador Walz como el fiscal general Ellison habrían tenido conocimiento pleno de las anomalías financieras y de las alertas creíbles de fraude estructural desde el año 2019. El reporte del Congreso sostiene que, a pesar de contar con las facultades legales necesarias para suspender los desembolsos económicos a los proveedores de servicios bajo sospecha de corrupción, los altos funcionarios demócratas “fallaron” deliberadamente al no actuar para frenar los desvíos. El quebranto financiero estimado por los investigadores parlamentarios incluye la pérdida de aproximadamente 300 millones de dólares en fondos destinados a la nutrición infantil federal, así como un monto potencial de hasta 9 mil millones de dólares en recursos del programa de salud Medicaid que terminaron extraviados o bajo un escenario de “grave riesgo sistémico”.
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En sus declaraciones públicas difundidas mediante la plataforma digital X, el vicepresidente Vance enfatizó de manera tajante que los funcionarios estatales de Minnesota no se encuentran por encima de la ley, advirtiendo que si facilitaron el fraude, mintieron bajo juramento sobre el conocimiento de los hechos o intimidaron y tomaron represalias contra los empleados que actuaron como informantes (whistleblowers), deberán enfrentar las consecuencias ante la justicia federal. La carta enviada al Pentágono plantea interrogantes específicos sobre qué personas dentro de las oficinas del gobernador y del fiscal general estaban al tanto de las alertas y si Walz emitió declaraciones públicas falsas al asegurar que su administración desconocía la magnitud del desfalco. El Comité de Supervisión respaldó la postura de la Casa Blanca, afirmando que la administración del presidente Trump prioriza el resguardo del dinero de los contribuyentes estadounidenses.
Por su parte, los funcionarios señalados descalificaron la acción legal calificándola como una maniobra meramente electoralista. El fiscal general Keith Ellison declaró ante los medios de comunicación que la petición de Vance constituye un truco político por parte de un gobierno que utiliza el aparato del Estado para perseguir a sus rivales políticos mientras otorga indulgencia a sus aliados. De igual forma, Teddy Tschann, portavoz del gobernador Walz, emitió un comunicado institucional desacreditando el informe legislativo y afirmando que el comité insiste en reciclar casos de fraude de la era de la pandemia del COVID-19 con el único propósito de desviar la atención pública de problemáticas nacionales críticas, tales como los conflictos bélicos internacionales, los precios de los combustibles, las operaciones de ICE y las acusaciones de uso de información privilegiada en el Ejecutivo.
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