Una serie de registros oficiales y testimonios de agentes obtenidos por The Associated Press han expuesto una controvertida estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nuevo México. De acuerdo con la investigación, entre los años 2023 y 2025, la agencia federal de antinarcóticos permitió a sabiendas la circulación de cientos de miles de pastillas de fentanilo en comunidades de mayoría hispana en Albuquerque, incluyendo la conflictiva zona conocida como “War Zone”. Los agentes encargados de los casos interceptaron llamadas codificadas, rastrearon cargamentos ocultos en neumáticos de auxilio y vigilaron transacciones en tiempo real sin incautar las sustancias, todo con el propósito de escalar en la estructura criminal y procesar a los líderes de los cárteles.
La revelación de estas tácticas de “ceguera deliberada” ha provocado una profunda indignación local, coincidiendo con un alarmante aumento del 21% en las muertes por sobredosis en Nuevo México, un contraste drástico frente a la reducción del 14% registrada a nivel nacional en el mismo periodo. El agente especial de la DEA y denunciante del caso, David Howell, acusó directamente a la corporación de “envenenar a la comunidad” para asegurar arrestos de alto perfil. Howell, respaldado por un exsupervisor anónimo, afirmó que la agencia permitió el flujo de al menos 1.8 millones de pastillas antes de ejecutar una masiva incautación de 3 millones de unidades en mayo de 2025, un operativo que, según las denuncias, pudo haberse concretado seis meses antes, evitando que la droga inundara las calles de manera mensual.
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Por su parte, el exfiscal federal de Nuevo México, Alex Uballez, y voceros de la DEA defendieron la legalidad y razonabilidad de las operaciones, argumentando que con recursos limitados es necesario priorizar la captura de los “peces más grandes” para salvar vidas a largo plazo. No obstante, el escándalo expuso un cambio silencioso en las normativas del Departamento de Justicia: mientras que los protocolos de 2017 obligaban a los agentes a decomisar el fentanilo “tan pronto como fuera factible” priorizando la salud pública, una reforma interna realizada en 2024 otorgó mayor discrecionalidad a las fuerzas federales para sopesar los riesgos comunitarios frente a los beneficios de mantener abierta una investigación de largo alcance.
La situación para el denunciante David Howell se tornó hostil tras llevar sus quejas ante la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos y acusar que la inacción de la agencia podría estar vinculada a decesos locales, como el de un bebé de 15 meses en la localidad de Española. Registros internos de la DEA demuestran que Howell fue relegado a tareas de escritorio, recibió bajas calificaciones de desempeño y los fiscales federales le prohibieron testificar en tribunales tras negarse a acatar las directrices de no incautar cargamentos. Diversos agentes activos y retirados han comparado ya esta polémica estrategia con la fallida operación “Rápido y Furioso” de 2011, donde el trasiego controlado de armas hacia México terminó con consecuencias letales.
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