Una serie de ajustes normativos en el proceso de verificación de tutores (sponsors) para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos ha permitido a la Oficina de Detención y Deportación (ICE) ubicar y arrestar a familiares indocumentados que se presentan formalmente para solicitar la custodia de los menores bajo resguardo federal.
Entre las medidas implementadas destaca la eliminación de la restricción que impedía a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) compartir información personal y datos de geolocalización de los potenciales cuidadores con las autoridades migratorias. A esto se suman requisitos burocráticos adicionales, como la exigencia de pruebas de ADN, revisiones de antecedentes penales recurrentes y la presentación de documentos de identificación fiscal (ITIN).
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Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y abogados de familia han expresado serias precauciones ante estas prácticas:
- Impacto en la permanencia dentro de refugios: El tiempo promedio de estancia de los menores en albergues federales se ha elevado a 117 días, lo que representa más del doble respecto a periodos anteriores.
- Efecto disuasorio (chilling effect): Temores a detenciones y procesos de deportación están desincentivando a tíos, hermanos mayores y padres a iniciar el trámite de reclamo legal de los niños.
- Afectaciones en la salud mental: Expertos en pediatría y psicología advierten sobre cuadros severos de ansiedad, depresión e interrupciones prolongadas en la reunificación familiar derivado del trauma por estancias extendidas en los centros de custodia.
Por su parte, voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defienden las intervenciones señalando que los controles cruzados buscan realizar verificaciones de bienestar (welfare checks) y proteger a los menores de posibles redes de explotación, tráfico humano o tutores con antecedentes delictivos graves. Sin embargo, defensores legales documentan casos de patrocinadores sin historial criminal que han sido puestos en procesos de deportación tras completar los trámites requeridos por el Estado.
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