El Gobierno de Venezuela confirmó la recepción de más de 1,200 toneladas de asistencia humanitaria internacional destinadas a mitigar los efectos del histórico doble terremoto que sacudió la costa norte del país. Desde la localidad de Catia La Mar, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, destacó la coordinación logística alcanzada con una treintena de naciones aliadas y organismos multilaterales, calificando la respuesta global como un hito de cooperación en la historia de la nación. Sin embargo, el último balance oficial de la emergencia elevó de forma drástica los indicadores de impacto, registrando al menos 1,943 personas fallecidas y 10,571 heridos en todo el territorio nacional.
El estado La Guaira se consolida como el epicentro de la destrucción material, concentrando 158 de los 189 edificios que sufrieron un colapso estructural absoluto a nivel nacional, además de contabilizar 855 inmuebles con daños de gravedad parcial. Ante el panorama de devastación, la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, Stephanie Hochstetter, anunció un plan institucional de respuesta enfocado en brindar soporte nutricional a medio millón de damnificados refugiados en los campamentos temporales. Para financiar de forma inmediata estas operaciones de contingencia, el organismo de las Naciones Unidas lanzó un requerimiento financiero internacional de 50 millones de dólares en calidad de fondo base de emergencia.
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Científicos y geólogos recordaron que la alta vulnerabilidad sísmica de la franja costera venezolana obedece a su posición geográfica sobre la zona de contacto dinámico entre las placas tectónicas Caribe y Suramericana. Este límite geológico se encuentra fracturado por los sistemas de fallas activas de Boconó, El Pilar y la falla submarina de San Sebastián, localizada a solo 30 kilómetros de la zona metropolitana de Caracas. Expertos independientes señalaron que el acelerado crecimiento urbano desregulado sobre laderas inestables y suelos vulnerables potenció el colapso masivo de las estructuras, emulando con mayor gravedad los antecedentes del destructivo terremoto que afectó a la región en julio de 1967.
A pesar del reporte gubernamental que certifica el rescate técnico de 6,461 personas de entre los escombros, la gestión de la catástrofe enfrenta severas críticas por parte de organismos de derechos humanos y bloques de la oposición. El Comité Internacional de Rescate (IRC) advirtió que miles de personas continúan en calidad de desaparecidas y denunció un retraso sistemático en el restablecimiento de los servicios de agua potable y electricidad en los macroalbergues. Las Naciones Unidas estimaron de forma preliminar que el costo de los daños directos a la infraestructura supera los 6,700 millones de dólares, un impacto macroeconómico que pone a prueba la capacidad operativa de un Estado debilitado por años de crisis.
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