El gobierno de transición de Venezuela ha iniciado negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de obtener acceso inmediato a sus activos financieros y atender la emergencia provocada por los recientes sismos. La presidenta de transición, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación directa con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, enfocándose en la liberación de unos 350 millones de dólares correspondientes al tramo de reserva del país. De acuerdo con la portavocía del FMI, este fondo constituye una fuente de liquidez rápida y de fácil disposición que no requiere de los trámites complejos de un crédito tradicional.
La urgencia de movilizar estos recursos responde a la magnitud de la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio, cuando un doble terremoto azotó la costa central del país. Según el balance oficial más reciente, el desastre natural ha dejado un saldo trágico de 3,811 personas fallecidas y 16,749 heridos, además de miles de familias damnificadas. Las evaluaciones preliminares de la NASA elevan a casi 59,000 las estructuras dañadas o destruidas, incluyendo viviendas, escuelas, hospitales y el principal aeropuerto internacional, el Simón Bolívar, ubicado en La Guaira.
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños físicos materiales directos en unos 6,700 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente las capacidades financieras actuales del Estado. Para mitigar el impacto, la administración venezolana anunció un fondo nacional inicial de 200 millones de dólares y la apertura de una cuenta de donaciones en la CAF. Asimismo, de forma paralela a las gestiones ante el FMI —donde el país posee otros 4,500 millones en Derechos Especiales de Giro de liberación más lenta—, se ha exigido formalmente al Banco de Inglaterra la devolución de 1,900 millones de dólares en oro retenido.
Esta catástrofe ha modificado de forma drástica las perspectivas económicas de Venezuela, que justamente en abril había logrado restablecer los lazos con el FMI tras cinco años de suspensión y aislamiento financiero. Gremios empresariales como Fedecámaras advirtieron que el aparato económico nacional ha entrado en un “modo tragedia”, lo que provocará una contracción de hasta cuatro puntos porcentuales en las previsiones de crecimiento para este año. Ante este escenario, los analistas coinciden en que la reconstrucción del país dependerá de sólidas alianzas con el sector privado y de un continuo soporte financiero internacional.
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