Vecinos y propietarios de inmuebles afectados por los recientes terremotos en el estado La Guaira, zona declarada en desastre, solicitaron a la administración interina de Delcy Rodríguez la promulgación urgente de un marco regulatorio especial para condominios. La petición busca frenar las exigencias de pago y cobros judiciales en edificios que sufrieron daños severos o que se encuentran con orden de demolición.
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Voceros de las comunidades damnificadas denunciaron que diversas juntas de condominio han iniciado campañas de presión para solicitar el pago de cuotas ordinarias, mantenimiento de áreas comunes inutilizables y financiamiento de estudios técnicos privados sin previo consenso en asambleas. A juicio de los afectados, la falta de una normativa clara ha generado un escenario de discrecionalidad en el que se pretende seguir cobrando como si los inmuebles estuviesen plenamente operativos.
Frente a esta situación, los propietarios resaltaron la postura de aquellas administraciones que congelaron temporalmente las facturaciones a la espera de un pronunciamiento oficial, marcando contraste con las que aplican cobros indebidos. Asimismo, sostuvieron que las cuotas destinadas a la conservación de bienes compartidos carecen de causa legal cuando la estructura ha sido declarada inhabitable o destruida por la catástrofe natural.
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