Una exhaustiva red de extorsión consolidada por más de veinte años sobre el sector agropecuario de Michoacán permite al crimen organizado obtener cuantiosos ingresos mediante el cobro sistemático de cuotas a los productores de aguacate. De acuerdo con informes presentados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), los grupos delictivos exigen pagos de entre uno y dos pesos por cada kilogramo comercializado, una tarifa en apariencia menor que, al multiplicarse por la producción anual del estado —superior a los 5,400 millones de kilogramos—, genera ganancias multimillonarias para las estructuras criminales.
La investigación y balance de la FGE expuso los perfiles de nueve cabecillas detenidos entre julio de 2025 y agosto de 2026, vinculados a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Los Blancos de Troya y Los Caballeros Templarios. Conjuntamente, estos operadores captaban cerca de 28,000 millones de pesos al año cobrando derecho de piso y “permisos” de corte, empaque y flete a agricultores, transportistas y comerciantes. La fiscalía detalló que tan solo dos operadores del CJNG acumulaban hasta 10,800 millones de pesos anuales cada uno por las extorsiones en la región de Uruapan y Apatzingán.
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Este fenómeno delictivo comenzó a principios de la década de 2000 con las incursiones de Los Zetas, para luego ser institucionalizado por La Familia Michoacana y burocratizado por Los Caballeros Templarios, quienes originalmente cobraban una cuota fija por hectárea. Con la expansión del mercado estadounidense y el boom de las exportaciones —estimadas en 1.2 millones de toneladas para 2026 bajo el marco del T-MEC—, las bandas criminales modificaron el esquema para exigir pagos proporcionales por kilogramo producido y transportado. Adicionalmente, el fenómeno incluye el despojo de tierras mediante el desplazamiento forzado de comunidades agrícolas para la explotación directa de los cultivos.
El deterioro de la seguridad provocó que la Embajada de Estados Unidos en México emitiera una alerta de seguridad, ordenando la suspensión temporal de las actividades de inspección de la agencia USDA-APHIS en Michoacán. Sin la certificación del personal estadounidense sobre el terreno, la salida de los embarques de exportación hacia el mercado norteamericano quedó paralizada, amenazando con frenar el flujo comercial del fruto en plena temporada de máxima demanda.
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