Crecen los reclamos de transparencia y las exigencias de supervisión institucional tras el tiroteo registrado en el norte de Austin, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hirió con arma de fuego a un joven venezolano. El incidente vial y armado, ocurrido en las inmediaciones del cruce entre Anderson Square y Research Boulevard, movilizó a representantes legales, autoridades comunitarias y congresistas a pronunciarse sobre los protocolos de fuerza de las agencias federales.
De acuerdo con los reportes de los agentes de la patrulla estatal de caminos de Texas, la autoridad migratoria federal solicitó apoyo operativo durante una persecución a un automóvil sedán azul. No obstante, antes de la llegada de las unidades estatales a la intersección, el oficial federal accionó su arma de fuego e hirió al conductor, identificado como Wilber Rafael Garces Perez, de veintiocho años de edad, quien realizaba entregas de pedidos a domicilio al momento del altercado vial.
La representación legal del afectado denunció severas discrepancias respecto a la versión oficial de los hechos y la atención médica suministrada tras el alta hospitalaria. La abogada indicó que el joven conducía cuando un vehículo sin distintivos oficiales lo impactó lateralmente en repetidas ocasiones antes de que los agentes descendieran y dispararan, causándole una herida de bala en el torso cuyo proyectil permanece alojado en su espalda. Asimismo, señaló que existen registros en video que descartan la versión inicial sobre una persecución a pie y cuestionó el traslado directo del herido hacia un centro de procesamiento migratorio en Pearsall sin recibir medicación adecuada.
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Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una postura formal divergente, sosteniendo que el hombre ingresó al país de manera irregular, contaba con una orden definitiva de expulsión territorial y permanece bajo custodia federal mientras se define su proceso migratorio. Ante ello, la defensa legal precisó que existía una petición de asilo en trámite y que la notificación de salida se emitió en ausencia tras un cambio de dirección de la familia.
Legisladores federales y líderes de organizaciones civiles hispanas demandaron que el herido sea trasladado urgentemente desde las instalaciones de detención hacia un centro asistencial para recibir el tratamiento médico pertinente. A la par, insistieron en la divulgación inmediata de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes para esclarecer la verdad de los acontecimientos, mientras el Departamento de Policía de Austin y corporaciones investigadoras continúan recabando evidencias periciales sobre el caso.
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