Nuevas interrogantes y cuestionamientos sobre el manejo médico rodearon el caso de Wilber Rafael Garcés Pérez, el ciudadano venezolano de veintiocho años que resultó herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado domingo en el norte de Austin. El congresista federal demócrata Greg Casar denunció públicamente que el detenido permanece en condiciones físicas sumamente críticas y con fuertes dolores en el Centro de Procesamiento de ICE en Pearsall, manteniendo aún el proyectil incrustado en la parte superior del torso.
Tras visitar personalmente al migrante en las instalaciones de detención, Casar constató que el herido debe desplazarse en silla de ruedas, tiene un brazo inmovilizado mediante un cabestrillo y presenta una herida abierta en la espalda, así como extensos hematomas en el pecho justo en la zona donde se aloja la bala. Ante este panorama, el legislador instó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a programar una cirugía de extracción, sustentándose en la opinión de un médico especialista que determinó la necesidad de someter a Garcés Pérez a una intervención quirúrgica especializada.
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Por su parte, el DHS eludió fijar un cronograma clínico para la operación, sosteniendo mediante un comunicado oficial que la agencia no determina ni funge como autoridad sobre los procedimientos quirúrgicos de personas bajo su custodia en hospitales civiles, al tiempo que aseguró que el recluso recibe supervisión médica y administración de analgésicos de manera ininterrumpida. La controversia también alcanzó las decisiones del personal de Dell Seton Medical Center, nosocomio del cual el afectado fue dado de alta apenas tres horas después del tiroteo para ser entregado a la custodia migratoria, circunstancia que la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, admitió no poder explicar al desconocer los fundamentos clínicos del equipo médico tratante.
El Departamento de Seguridad Nacional reiteró paralelamente que sobre Garcés Pérez pesaba una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración y que carecía de permiso laboral o estatus legal vigente al momento del operativo. No obstante, las autoridades federales y locales mantienen dichos antecedentes migratorios estrictamente separados de las indagatorias penales en curso sobre el uso letal de la fuerza por parte del agente federal.
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