Una mujer sobreviviente de COVID-19 que decidió no inocularse contra la enfermedad ofreció este lunes un impactante testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, denunciando haber sido víctima de tratos inhumanos, aislamiento forzado y privación de alimentos durante su hospitalización en dos mil veintiuno. La comparecencia de Gail Seiler formó parte del panel público titulado «Protocolos hospitalarios por COVID-19: historias reales de personas reales», organizado y presidido en Washington por el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, con el propósito de examinar las directrices sanitarias aplicadas a pacientes graves durante la crisis pandémica.
Durante su intervención bajo juramento, Seiler relató que al ser ingresada a una unidad de cuidados intensivos en Texas y revelar que no estaba vacunada, el médico a cargo le advirtió de manera tajante que su fallecimiento era inminente e inevitable. La testigo afirmó que a partir de ese momento las opciones terapéuticas del personal se limitaron exclusivamente a prescribirle el antiviral remdesivir y ordenar su intubación a un ventilador mecánico, rechazando de forma reiterada sus solicitudes para recibir tratamientos alternativos como ivermectina, hidroxicloroquina, budesonida, zinc o vitamina C.
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El testimonio cobró mayor gravedad cuando Seiler detalló que permaneció privada de alimentos sólidos durante doce días y sin ingesta de agua a lo largo de siete jornadas, asegurando que fue despojada de sus prendas de vestir y dejada al descubierto mientras el personal médico la observaba a distancia a través de los cristales de la sala en lugar de ingresar a asistirla. Asimismo, denunció que las autoridades del hospital la catalogaron unilateralmente bajo la orden de no reanimar («Do Not Resuscitate» o DNR), restringiendo por completo las visitas familiares y presionándola de forma sistemática para aceptar la ventilación mecánica invasiva.
La paciente atribuyó su supervivencia a la intervención de su esposo, Brad Seiler, un enfermero retirado de urgencias y excapitán del Ejército que consideró que los protocolos de oxigenación estaban acelerando su deterioro en lugar de propiciar su recuperación. Tras gestiones que involucraron al coronel Allen West, al senador estatal de Texas Bob Hall y a representación legal privada, lograron tramitar su alta voluntaria para suministrarle cuidados domiciliarios que permitieron su restablecimiento pleno, exhortando al gobierno federal a investigar a fondo las actuaciones hospitalarias para evitar que otras familias atraviesen abusos similares.
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