A casi dos años del fallecimiento de Tierra Walker debido a severas complicaciones gestacionales, sus familiares interpusieron una demanda formal por muerte por negligencia y vulneración de derechos civiles en Austin, Texas. La acción legal señala directamente al fiscal general de Texas, Ken Paxton, a la Junta Médica de Texas y a los médicos tratantes, acusándolos de denegar de manera sistemática un aborto terapéutico que habría salvado la vida de la paciente.
De acuerdo con el testimonio de Latanya Walker, tía de la víctima, la gestación de la joven estuvo marcada por constantes convulsiones, hipertensión arterial crítica y dolores agudos. A pesar de los insistentes pedidos de la paciente y su familia para interrumpir el embarazo, el equipo médico omitió intervenir quirúrgicamente. Walker falleció en diciembre de 2024, pocos días después de ingresar por última vez a la sala de emergencias de un centro asistencial en San Antonio.
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La representación legal de la familia sostuvo que la estricta aplicación de las prohibiciones estatales del aborto impuestas por la Fiscalía General generó un ambiente de temor y paralización entre los profesionales de la salud, impidiéndoles actuar aun ante emergencias médicas evidentes. Aunque la normativa tejana contempla excepciones para salvar la vida de la madre —reforzadas posteriormente con la legislación Life of a Mother Act en 2025—, la querella afirma que los médicos prefirieron abstenerse de brindar la atención por riesgo a persecuciones penales.
Por su parte, organizaciones provida argumentan que la ley estatal siempre ha permitido intervenciones médicas cuando la vida de la madre está en riesgo inminente. Asimismo, instituciones de salud demandadas como University Health manifestaron que sus decisiones se basan en criterios clínicos y en el marco legal vigente, si bien la Fiscalía General de Texas y los entes reguladores médicos evitaron emitir comentarios oficiales respecto al proceso judicial en curso.
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