El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Montana otorgó una medida cautelar preliminar a la organización American Prairie, autorizando que su manada de bisontes continúe pastando en las parcelas de tierras públicas federales asignadas. La resolución emitida por la justicia suspende de forma temporal la exigencia de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), la cual establecía que el grupo debía desalojar o sacrificar a más de 900 ejemplares antes del 30 de septiembre de 2026.
El conflicto jurídico se originó en enero de 2026, cuando la BLM propuso modificar la reglamentación para restringir los permisos de pastoreo únicamente a ganado de «orientación productiva», definido bajo criterios estrictos de explotación comercial de carne, leche o fibra. Esta propuesta buscaba revertir una decisión oficial dictada en 2022, mediante la cual la misma agencia federal había determinado formalmente que los bisontes de American Prairie cumplían con las calificaciones de ganado doméstico amparadas bajo la Ley de Pastoreo Taylor (Taylor Grazing Act) de 1934.
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Asociaciones de ganaderos locales y grupos de interés pecuario, entre ellos la Montana Stockgrowers Association, han apelado persistentemente la presencia de estos animales en áreas públicas, argumentando irregularidades en el otorgamiento de concesiones con fines de conservación. No obstante, la defensa de la organización conservacionista demostró que casi la mitad de sus bisontes se destinan a la producción comercial de carne o son transferidos a otros operadores ganaderos válidos, cumpliendo así con las exigencias del marco regulatorio vigente sin violar los precedentes judiciales federales.
Al dictaminar la medida cautelar el pasado 4 de septiembre, el juez federal de distrito Brian Morris fundamentó que existen evidencias suficientes para considerar que la crianza de bisontes de la organización satisface los requisitos de la normativa de pastoreo. El fallo preliminar no resuelve de manera definitiva el fondo del litigio, pero otorga un margen temporal indispensable para que el tribunal analice exhaustivamente los argumentos jurídicos de ambas partes antes de emitir una sentencia concluyente sobre el futuro del territorio.
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