La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas presentó cargos formales por agresión contra un oficial federal contra Wilber Rafael Garcés Pérez, de veintiocho años, quien a principios de mes resultó herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el norte de Austin. Durante su comparecencia inicial celebrada este martes ante la corte federal, los fiscales formularon la acusación por agredir, resistirse, interferir e impedir la labor de un agente en el ejercicio de sus funciones, delito grave que contempla una pena máxima de hasta veinte años de prisión en caso de ser hallado culpable en juicio.
De acuerdo con la declaración jurada que acompaña la denuncia criminal, el incidente ocurrió el pasado veinte de septiembre cuando los oficiales de ICE le marcaron el alto vehicular debido a que pesaba en su contra una orden final de deportación emitida en ausencia por un juez de inmigración. La fiscalía sostiene que, tras entregar su licencia de conducir, el imputado desobedeció las órdenes de apagar el motor y descender del automóvil, subió la ventanilla y emprendió la huida a toda velocidad, impactando en el torso a uno de los agentes con el espejo retrovisor lateral y desatando una prolongada persecución por arterias comerciales y vecindarios residenciales que culminó en las inmediaciones de Research Boulevard y Anderson Square, donde presuntamente intentó embestir nuevamente al uniformado antes de que este abriera fuego contra el vehículo.
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Por su parte, Garcés Pérez ofreció una versión diametralmente opuesta a los investigadores desde el centro de detención migratoria en Pearsall adonde fue trasladado tras recibir atención hospitalaria, asegurando que la camioneta oficial lo embistió de forma abrupta durante la parada inicial y que su única intención al acelerar era estacionar el coche en un sitio seguro para su esposa. El conductor denunció que la persecución concluyó cuando la patrulla chocó intencionalmente su automóvil hasta hacerlo girar sobre el asfalto, momento en el cual el oficial federal —quien no portaba cámara corporal a diferencia de su compañero— disparó a través del vidrio trasero impactándolo en la parte superior de la espalda, hecho que actualmente investigan de manera conjunta la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Austin y los Texas Rangers.
El suceso ha detonado manifestaciones ciudadanas en la capital texana y enérgicos pronunciamientos de los congresistas demócratas Joaquín Castro y Greg Casar, quienes exigieron una investigación independiente y la liberación inmediata del joven por motivos humanitarios, señalando que requiere una cirugía urgente para extraer un proyectil aún alojado en su cuerpo, extremo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) disputa. La defensa legal del detenido argumenta que el ciudadano ingresó a Estados Unidos por vías legales mediante la aplicación CBP One en dos mil veinticuatro y contaba con permiso laboral, perdiendo su audiencia previa porque la notificación judicial fue remitida a una dirección errónea, por lo que solicitarán formalmente el cese de la deportación en una audiencia programada en San Antonio.
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