La administración y los propietarios de Moonies Bar & Nightclub, representados por la sociedad Zareen Enterprises, LLC, rechazaron de manera categórica cualquier responsabilidad civil o conducta indebida en el caso judicial vinculado a la presunta agresión sexual múltiple que involucra a miembros de la Universidad Cornell. A través de documentos oficiales ingresados ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, la entidad comercial solicitó la desestimación formal de la demanda civil en su contra, negando haber despachado bebidas alcohólicas a la demandante identificada bajo el seudónimo legal de «Jane Doe» cuando era menor de la edad legal para beber en 2024, así como haber proporcionado licor a personas en estado de intoxicación.
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La querella civil presentada en septiembre sostiene que Jane Doe, quien tenía 20 años al momento de los acontecimientos, acudió a dicho establecimiento nocturno antes de dirigirse a la sede de la fraternidad Chi Phi el 19 de octubre de 2024, lugar donde denunció haber sido drogada con ketamina y violada en grupo por siete integrantes de la fraternidad estudiantil. En su contestación jurídica, Zareen Enterprises refutó cualquier nexo causal entre la actividad de su local comercial y los hechos delictivos denunciados en la hermandad, litigio en el que también figuran como codemandados siete miembros de Chi Phi, la corporación Alpha Beta House y la hermandad femenina Delta Delta Delta.
El caso ha experimentado un giro de alta relevancia jurídica y política en el estado. Aunque una investigación inicial de la Policía de Cornell derivó en suspensiones y expulsiones académicas disciplinarias, la Fiscalía de Distrito del Condado de Tompkins determinó inicialmente no presentar acusaciones penales alegando insuficiencia probatoria. No obstante, tras la interposición de la demanda civil, la fiscalía local resolvió reabrir el expediente criminal, lo que motivó a la gobernadora Kathy Hochul a designar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial independiente; James confirmó que su despacho conducirá una investigación exhaustiva que tomará varios meses para determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos criminales.
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