Una investigación difundida por el diario The California Post expuso una severa controversia administrativa sobre el manejo de los fondos federales de socorro en California, revelando que el gobierno estatal adjudicó al menos 368.7 millones de dólares en subsidios para la construcción de viviendas de alquiler asequible a desarrolladores privados, en lugar de entregarlos a los damnificados directos de los catastróficos incendios forestales de 2018. Aquella temporada de siniestros, marcada por la devastación del incendio Camp Fire en Paradise y del Woolsey Fire en Malibú, cobró la vida de 103 personas y destruyó más de 24,000 inmuebles en diversos condados del estado.
Tras la tragedia, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) transfirió a California un paquete de auxilio por 1,017 millones de dólares para cubrir costos no asumidos por las aseguradoras. No obstante, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD), organismo encargado de administrar y canalizar estos recursos, impuso rigurosos filtros que redujeron las subvenciones a propietarios con ingresos bajos o medios cuyos pagos de pólizas recortaban su elegibilidad. De los 222.4 millones de dólares etiquetados originalmente para ayudar a los residentes a reconstruir sus viviendas, el estado apenas había desembolsado 38 millones de dólares hasta fines de 2023, logrando levantar únicamente 110 casas en comunidades donde solo el Camp Fire arrasó con más de 14,000 estructuras.
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En agudo contraste con la lentitud experimentada por los propietarios individuales, las firmas constructoras recibieron multimillonarias partidas estatales sin ninguna cláusula legal que las obligue a reservar departamentos para las familias damnificadas. Por ejemplo, en el complejo habitacional Eaglepointe Apartments inaugurado en Paradise con 7.3 millones de dólares en fondos de emergencia, solo siete de sus 42 unidades fueron adjudicadas a víctimas del siniestro. Similar situación ocurrió en julio de 2024 con los recursos destinados al Woolsey Fire, donde la organización sin fines de lucro National CORE obtuvo 26.1 millones de dólares para un proyecto en Agoura Hills sin contemplar la reubicación prioritaria de víctimas del área, al tiempo que funcionarios municipales denunciaron haber sido excluidos de la toma de decisiones.
La vocera del HCD, Jennifer Hanson, defendió las transferencias argumentando que la construcción de nuevos departamentos repone el inventario habitacional general destruido por el fuego y que los inquilinos desplazados suelen mudarse a otros arriendos existentes. Sin embargo, sobrevivientes afectados manifestaron su profunda indignación: residentes que perdieron sus casas y herramientas de trabajo continúan viviendo en precarias cabañas temporales, incapaces de costear los actuales presupuestos de reconstrucción superiores a los dos millones de dólares y afrontando elevadas tarifas municipales por la remoción de escombros, mientras los millonarios rescates federales son redirigidos a constructoras comerciales.
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