Estados Unidos

Demora de casi 50 minutos en llegada de ambulancia tras fallida ejecución de Christa Pike abriría la puerta a nuevas demandas contra Tennessee

Expertos jurídicos advierten posibles litigios por negligencia médica y vulneración de derechos civiles contra el Departamento de Corrección de Tennessee; grabaciones del 911 revelan confusión interna, falta de claves de seguridad y cancelaciones erróneas del auxilio médico tras aplicársele dos dosis letales de pentobarbital a la reclusa.

Cortesia de RDNE Stock project

La prolongada demora en el arribo de asistencia médica de emergencia a la Institución de Máxima Seguridad Riverbend (Riverbend Maximum Security Institution), tras el fallido intento de ejecución de Christa Pike el pasado 30 de septiembre, podría desencadenar una serie de demandas civiles adicionales contra el estado de Tennessee y su Departamento de Corrección (TDOC). De acuerdo con juristas y grabaciones de despacho de emergencia, los lapsos de incomunicación y descoordinación entre custodios y operadores del 911 postergaron el traslado hospitalario de la reclusa en un momento donde la privación de oxígeno amenazaba con causar daños cerebrales irreversibles.

Pike, quien fue sentenciada a la pena capital a los 18 años por el asesinato y tortura de Colleen Slemmer en 1995 en Knoxville, sobrevivió a la administración de dos dosis completas de pentobarbital durante el procedimiento penitenciario. Registros del Departamento de Comunicaciones de Emergencia de Nashville (DEC) indican que la primera llamada de auxilio ingresó a las 8:40 p. m.; no obstante, las grabaciones de seguridad muestran que la ambulancia abandonó las instalaciones carcelarias casi 50 minutos después. El abogado de Memphis Mike Working, especialista en litigios de pena capital, explicó a la cadena Fox 17 News que la dilación «podría fundamentar reclamos por negligencia médica (medical malpractice) o transgresiones graves a los derechos civiles», cuestionando además por qué el protocolo estatal no contemplaba una unidad paramédica estacionada de forma preventiva en el penal ante contingencias médicas conocidas.

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Las transcripciones radiales evidencian que el personal del TDOC que solicitó la ambulancia carecía del código de seguridad obligatorio para validar las alertas carcelarias ante el sistema municipal. Ante la falta de autenticación, los operadores del 911 contactaron a la Central de Control del propio departamento penitenciario, donde un funcionario negó que existiera una emergencia real al desconocer lo que acontecía en la cámara de ejecución. Dicha desinformación provocó que los despachadores del Departamento de Bomberos de Nashville (NFD) notificaran inicialmente a los paramédicos que se trataba de una falsa alarma y cancelaran el envío, hasta que minutos después la penitenciaría rectificó la orden confirmando que la urgencia era real.

A pesar de que analistas legales califican el procedimiento como deficiente en todos sus niveles operativos, Working advirtió que la viabilidad procesal de nuevas demandas dependerá de la capacidad cognitiva y competencia mental actual de Pike tras sobrevivir a los fármacos letales, pudiendo requerirse la designación judicial de un tutor o representante legal si la reclusa no cuenta con facultades para autorizar las acciones jurídicas. Mientras el TDOC evitó pronunciarse sobre posibles sanciones internas al personal involucrado, la corte fijó una audiencia para el 23 de octubre a las 9:30 a. m. a fin de calendarizar las enmiendas formales a la demanda original sobre los protocolos de ejecución en el estado.

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