Un tribunal federal con sede en Austin resolvió este miércoles denegar la libertad bajo fianza para Wilber Rafael Garcés Pérez, el ciudadano de origen venezolano de veintiocho años que resultó herido de bala por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado veinte de septiembre. Durante la audiencia de detención, el juez magistrado de los Estados Unidos, Dustin Howell, determinó que la fiscalía federal presentó causa probable suficiente para sostener los cargos criminales por agredir, resistirse, interferir e impedir la labor de un agente federal en cumplimiento de sus funciones, dictaminando además que el acusado representa un riesgo fundado de fuga debido a su conducta evasiva inicial y a incomparecencias previas ante tribunales migratorios.
Garcés Pérez ingresó a la sala de audiencias en silla de ruedas y con el brazo izquierdo inmovilizado mediante un cabestrillo, mientras sus abogados defensores ratificaron ante el estrado que el imputado continúa padeciendo severos dolores debido a que un proyectil de arma de fuego sigue incrustado en la parte superior de su espalda. En la sesión testificó el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Rick Bazan, autor de la denuncia formal, al tiempo que la fiscal asistente Britni Verdeja proyectó fragmentos de la grabación de la cámara corporal del oficial que participó en la interdicción vehicular, material que —según la fiscalía— documenta el momento en que el espejo retrovisor del vehículo golpeó el torso de uno de los agentes antes de desatarse una persecución vial de unos ocho minutos por áreas residenciales del norte de Austin.
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El video exhibido en el tribunal mostró cómo el agente perseguidor intentó solicitar apoyo telefónico a despachadores del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y apagó su dispositivo de grabación poco antes de comunicarse con el segundo elemento federal, quien posteriormente abrió fuego contra Garcés Pérez. Durante el interrogatorio, el testigo de la fiscalía no pudo esclarecer por qué el uniformado que efectuó los disparos letales no portaba cámara corporal asignada, punto que fue aprovechado por el abogado penalista Shane McMahon para sostener que la evidencia visual es inconclusa respecto a un verdadero impacto físico contra el oficial y recalcar que, si bien su cliente desatendió las órdenes de descender del automóvil por temor, jamás incurrió en actos de violencia activa contra las autoridades.
Tras la resolución judicial, la abogada de inmigración de Garcés Pérez, Kate Lincoln-Goldfinch, lamentó en conferencia de prensa la negativa de fianza y alertó sobre la urgencia médica del caso, enfatizando que el joven requiere una intervención quirúrgica indispensable para retirarle la bala alojada en su cuerpo antes de que se agraven posibles secuelas motrices o infecciones internas. La jurista confirmó que el ciudadano permanecerá recluido en instalaciones penitenciarias federales bajo estricta custodia mientras se desahoga el juicio penal y avanzan de forma paralela los litigios en cortes migratorias para frenar su orden de remoción del país.
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