El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, emitió una firme respuesta a los recientes señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sugirió la necesidad de transparentar y revisar minuciosamente los contratos de material electoral otorgados durante las administraciones anteriores del organismo. A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) este 28 de octubre, Córdova defendió férreamente los resultados de las auditorías realizadas durante su gestión, comprendida entre 2014 y 2023, asegurando que el instituto fue fiscalizado de manera constante sin que se detectaran irregularidades financieras o administrativas relevantes.
En su posicionamiento público, el exfuncionario detalló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó al INE durante todos los años que encabezó el Consejo General. Según su versión, todas las observaciones formuladas por el ente fiscalizador fueron atendidas en tiempo y forma conforme a los procedimientos legales correspondientes, destacando que la última auditoría de su periodo, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, concluyó sin señalamientos. Asimismo, Córdova hizo hincapié en el papel del Órgano Interno de Control (OIC), subrayando que desde 2019, su titular —designado por la mayoría del partido Morena en la Cámara de Diputados— no encontró anomalías significativas, y que las observaciones menores identificadas fueron debidamente sancionadas. Añadió que los partidos políticos mantuvieron una vigilancia permanente y que las acusaciones mediáticas nunca derivaron en hallazgos institucionales.
También te puede interesar: Fallece a los 96 años Dolores Huerta, histórica activista y creadora del emblemático lema “Sí se puede”
La contundente réplica de Córdova surgió horas después de que la presidenta Sheinbaum solicitara públicamente que las investigaciones sobre presuntos conflictos de interés incluyeran tanto el periodo de la actual presidenta, Guadalupe Taddei, como las administraciones previas del INE. La mandataria argumentó que el objetivo de estas auditorías retroactivas es determinar desde cuándo mantienen relaciones contractuales con los organismos electorales diversas empresas proveedoras señaladas por posibles vínculos con funcionarios, recordando incluso controversias originadas a finales de la década de 1990, como el caso de 1999 en el Estado de México relacionado con la empresa Cartonera Plástica y el representante legal José Alfredo Hernández Casillas.
El debate se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre el presupuesto electoral. Reportes basados en la Plataforma Nacional de Transparencia indican que, entre 2018 y 2025, el INE y distintos organismos públicos locales electorales adjudicaron al menos 49 contratos (para la compra de boletas, urnas y mamparas) a empresas relacionadas con Hernández Casillas, por un monto acumulado de 1,450 millones de pesos. Ante estos señalamientos, la ASF ya anunció la apertura de una investigación formal sobre presuntas anomalías en contratos por un valor cuestionado de 514 millones de pesos. Por su parte, Lorenzo Córdova concluyó su mensaje asegurando que no tiene inconveniente en que se realicen nuevas auditorías a su gestión, aunque cuestionó que estas revisiones puedan estar siendo utilizadas políticamente para desviar la atención de la situación actual del instituto.
Visita: http://austinlatinx.com
