Un ciudadano de origen mexicano de 56 años, identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, falleció el pasado sábado 17 de octubre mientras se encontraba recluido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (Immigration and Customs Enforcement, ICE). La agencia gubernamental admitió formalmente el deceso tras las revelaciones iniciales del medio The Texas Tribune, confirmando que el detenido poseía el estatus migratorio formal de residente permanente legal (green card). Andrade-Covarrubias fue hallado desvanecido sobre su cama en el Centro de Procesamiento de Río Grande (Rio Grande Processing Center), ubicado en Laredo, Texas; pese a que el equipo penitenciario le aplicó maniobras de compresión torácica y convocó a los socorristas del 911, fue declarado muerto en las instalaciones aproximadamente 20 minutos después del hallazgo.
El fallecido, quien residió durante décadas en la ciudad de Dallas donde formó una familia con tres hijos nacidos en Estados Unidos y trabajaba pintando departamentos, permanecía detenido desde el 26 de junio. En esa fecha, inspectores fronterizos le impidieron el reingreso al país en un puente internacional de Laredo cuando regresaba de México, destino al que acudía con regularidad para edificar una vivienda. El ICE justificó su arresto y posterior proceso de remoción aduciendo que el hombre había obtenido su tarjeta de residencia de forma irregular al no declarar un arresto menor por hurto fechado en 2004; no obstante, su hija Estefani Andrade desmintió la imputación gubernamental, afirmando categóricamente que su padre informó dicho antecedente y que las autoridades migratorias aprobaron válidamente su documentación en su debido momento.
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Paralelamente, la familia de Andrade-Covarrubias denunció severas irregularidades en el tratamiento clínico penitenciario. De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el hombre padecía afecciones cardíacas crónicas, diabetes y presión arterial elevada, y portaba sus medicamentos al ser interceptado, pero los encargados de la custodia le negaron sistemáticamente el acceso a sus dosis. En sus últimas semanas, el interno manifestó dolores en el pecho, fatiga respiratoria y tos constante —agravadas por las secuelas de una severa hospitalización por COVID-19 en 2021—; sin embargo, el personal médico del penal desestimó reiteradamente sus dolencias. Ante lo ocurrido, el congresista demócrata por Laredo, Henry Cuellar, inspeccionó el centro e instó formalmente al ICE a esclarecer los protocolos sanitarios implementados.
Este fallecimiento marca el séptimo deceso de un inmigrante bajo la tutela del ICE en centros de reclusión de Texas en lo que va de 2026, y se enmarca en la controvertida sentencia emitida por la Corte Suprema federal en junio, la cual facultó a los agentes fronterizos a interceptar en los puertos de entrada a cualquier residente legal con arrestos previos sin requerir pruebas plenas de faltas de bajeza moral antes de enviarlos a tribunales de deportación.
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